Inseguridad ciudadana

El problema de la inseguridad ciudadana, por supuesto, nos preocupa a todos los ciudadanos y desde la investigación social existe una producción valiosa que resulta útil considerar.

Ciertamente, estamos ante un problema muy serio, que aparece como uno de los que más preocupa a la ciudadanía, con altos niveles de percepción de inseguridad. Si bien no aparecemos tan mal si miramos algunos indicadores a nivel latinoamericano, la percepción compartida es que la situación se agrava rápidamente en el tiempo reciente, que la violencia asociada a los delitos es cada vez mayor y que una parte significativa de ellos responde a la acción de mafias y organizaciones criminales más sofisticadas y avezadas.

Lamentablemente, la creciente relevancia de este problema ha ido a contramano de los recursos asignados para inversión en el Ministerio del Interior en los últimos años, notoriamente a la baja, y, de ellos, se han ejecutado solo dos tercios de los recursos disponibles. Al mismo tiempo, la permanencia en los cargos de los ministros del Interior y de los comandantes generales de la PNP ha sido cada vez menor, según ha documentado el Instituto Peruano de Economía. No es de extrañarse, entonces, que estemos como estamos.

¿Qué hacer? Un desafío es que se trata de un asunto complejo, que no tiene respuestas fáciles de implementar con resultados inmediatos, que es lo que buena parte de los políticos quisiera. Ni autorizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, ni el uso de armas no letales por parte del serenazgo municipal, ni despenalizar el uso letal de la fuerza en defensa propia, por mencionar algunas iniciativas recientes, solucionarán los problemas, aunque generen momentáneamente la sensación de que al menos “algo” se está haciendo.

Para empezar, hay mucho que hacer en materia de prevención, donde los municipios deberían mostrar más iniciativa: mejora de la infraestructura urbana, trabajo con la población más susceptible de caer en prácticas de violencia y delincuencia son claves; elaboración de mapas del delito y trabajo en zonas donde concentrar los esfuerzos, con la participación de los vecinos.

Más adelante, cuando hablamos de delitos, cabe distinguir la acción de infractores o delincuentes “simples” de la acción de bandas dentro de esquemas de criminalidad más sofisticadas y avezadas. El tratamiento de lo primero requiere de respuestas que involucran a municipios, policía, fiscalía y Poder Judicial. Frente a lo segundo se debe fortalecer la inteligencia y capacidad de la investigación policial.

Como puede verse, en esta lucha hay muchos actores involucrados. Después de que la policía hace su trabajo, este debe estar acompañado por la acción de fiscales y jueces, que eventualmente terminen en penas de cárcel. Lo que nos lleva luego al Ministerio de Justicia y las políticas penitenciarias.

Si las organizaciones criminales siguen operando dentro de las cárceles, entonces tampoco hemos logrado el objetivo que perseguíamos. Nuestros centros penitenciarios están hacinados, con lo que el control interno se hace muy complicado; y recordemos que, dentro de ellos, una buena parte de los internos está cumpliendo condenas por robos, extorsiones u homicidios, pero una parte igualmente grande lo está por delitos como violación sexual, actos contra el pudor y tocamientos, que requieren tratamientos diferenciados. Y debemos recordar que el internamiento debería cumplir una función resocializadora y no crear delincuentes más avezados más adelante.

Como se ve, se trata de un problema que requiere una fuerte voluntad política desde el más alto nivel, el establecimiento de políticas con mayores recursos y con el consenso y legitimidad necesarias para que perduren en el tiempo, capaces de lograr la coordinación y convergencia de muchos actores que tienden a mirar el asunto de manera parcelada. No es sencillo, pero tampoco es imposible. Hasta no hace muchos años, diversas estrategias estaban en marcha y parecían iniciar un proceso de reforma con resultados que empezaban a insinuarse. Pero así como hemos retrocedido en la reforma de la educación o en la reforma de la carrera pública, también lo hicimos en estos asuntos.