Quienes creemos en la economía social de mercado —el modelo consagrado por nuestra Constitución— defendemos la inversión privada, la propiedad y la libertad de empresa, como pilares del desarrollo. Pero defender la empresa privada no es necesariamente defender el libre mercado. Defenderlo exige que otras empresas puedan entrar y competir. La competencia beneficia al consumidor —con mejores precios, calidad e innovación— y obliga a ser más eficientes para crear valor.
Un mercado no debería preocuparnos simplemente porque esté concentrado; puede estarlo como resultado de la innovación y de haber conquistado legítimamente la preferencia de los consumidores. Lo relevante es su contestabilidad: qué tan difícil es para un nuevo competidor entrar, crecer y captar clientes con una mejor oferta de valor.
La banca peruana ofrece un caso. Tenemos un sistema sólido y resiliente, una fortaleza que debemos preservar. Sin embargo, según datos de la SBS, los cuatro principales bancos concentraban, al cierre del 2025, más del 80% de los créditos y depósitos de la banca múltiple.
Una elevada concentración no implica necesariamente falta de competencia; puede ser el resultado legítimo de una buena gestión, eficiencia e innovación que conquistan la preferencia de los consumidores. Con todo, un estudio del FMI, basado en información histórica de la banca latinoamericana, encontró para el Perú márgenes financieros y ‘markups’ elevados, consistentes con una baja presión competitiva.
El grado de concentración importa aún más en un mercado con amplio espacio para crecer. El FMI advierte que el crédito bancario al sector privado pasó de aproximadamente 42% del PBI a fines del 2019 a 35% a fines del 2025. Y según la Enaho del 2024, solo el 35% de los adultos mantenía un crédito en el sistema financiero. Ciertamente no podemos atribuir estos resultados a la concentración —la informalidad, las limitaciones de acceso, la demanda de crédito, el entorno macroeconómico y otros factores también pesan—, pero sí podríamos preguntarnos si una mayor competencia contribuiría a ampliar y profundizar el mercado.
Más que preguntarnos si la banca está “demasiado concentrada” o si los bancos “ganan demasiado”, preguntémonos si existen condiciones razonables para competir contra quienes ya están dentro. En este sentido, el Estado no debe decidir cuánto pueden ganar las empresas, limitar las tasas de interés ni sustituir al mercado. Debe garantizar las condiciones necesarias para que exista una real competencia: remover barreras innecesarias de entrada sin debilitar la regulación prudencial, facilitar nuevos competidores, reducir los costos de cambiar de proveedor, profundizar la interoperabilidad y permitir que el ciudadano controle sus datos financieros.
La buena noticia es que los pagos digitales por habitante se han multiplicado extraordinariamente. Billeteras digitales, transferencias inmediatas e interoperabilidad redujeron fricciones y abrieron alternativas. Es decir, cuando la tecnología y la reducción de barreras amplían opciones, el consumidor responde. Las finanzas abiertas pueden profundizar ese proceso. Al permitir que las personas compartan voluntariamente su información financiera con terceros autorizados, pueden facilitar una mayor competencia, innovación y mejores alternativas para los usuarios.
Lo señalado en esta columna de opinión trasciende la banca. Si una empresa, de cualquier sector, domina porque innovó, invirtió y conquistó a sus clientes creándoles valor, eso es capitalismo en acción. En cambio, si es difícil desafiarla debido a barreras regulatorias innecesarias, privilegios, información cautiva, altos costos de cambio o nexos estatales que protegen al incumbente, eso es mercantilismo.
Schumpeter llamó “destrucción creativa” al proceso por el cual nuevas empresas, tecnologías y modelos de negocio desplazan a quienes dejan de ofrecer la mejor alternativa, algo indispensable para la vitalidad del sistema capitalista de la libre empresa.
Ser proempresa es defender el derecho a crear, invertir y prosperar; ser promercado, defender también el derecho a que otros puedan competir lícitamente. Cuando el interés de una empresa y la competencia entren en conflicto, debemos estar del lado del libre mercado, porque una economía sana no resulta de garantizar la permanencia de quienes dominan, sino de permitir que la competencia genere valor y beneficie al ciudadano.
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