Nuestra polarización

Hasta no hace mucho, la polarización política en nuestro país era más propia de las élites, mientras que la mayoría de los ciudadanos esperaba conductas más cooperativas que permitieran la solución de sus problemas inmediatos. Hoy, podría decirse que la polarización también atraviesa a la sociedad: las posiciones extremas se han hecho más fuertes y visibles, y las moderadas no encuentran espacio para proponer diálogos y salidas negociadas.

De un lado, está el rechazo a la presidenta Dina Boluarte que, supuestamente, “traicionó” el mandato electoral del 2021 y sobre la que recae la responsabilidad política por las más de 60 muertes ocurridas como consecuencia de las protestas y su represión. Y, del otro, los que aspiran a restablecer el orden público y no ceder ante lo que consideran una inaceptable imposición de sectores radicales.

Según la primera encuesta de enero del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 50% se identifica con las protestas recientes, un porcentaje que sube al 66% entre los que se identifican de izquierda, y al 60% en el ámbito rural y en el centro y sur del país; mientras que un 46% no se identifica con ellas, un porcentaje que sube al 59% en Lima y entre quienes se identifican de derecha.

Mientras Pedro Castillo ejercía la presidencia, la derecha extrema parecía aislada, a pesar de su estridencia, en medio de sus intentos por declarar su vacancia, y también la izquierda radical, con sus pedidos de asamblea constituyente. La gran mayoría del país esperaba un gobierno mínimamente eficaz para enfrentar los problemas del país, desde la derecha más institucional se denunciaba la manifiesta mediocridad, incompetencia y corrupción del gobierno, y su contraparte de izquierda invocaba a Castillo a crear un gobierno más amplio y a mostrar mayor preocupación por las propuestas de cambio que lo llevaron al poder. Precisamente cuando parecía que Castillo lograría, a pesar de sus evidentes limitaciones, estabilizarse relativamente en el gobierno, optó por el intento de golpe de Estado.

Para el 31% de ciudadanos que aprobaba la gestión de Castillo en noviembre pasado (un porcentaje que llegaba al 45% en el ámbito rural y al 40% en el sur), la vacancia de Castillo fue la consumación de los planes de la derecha y de la traición de la vicepresidenta Boluarte, y no el resultado de un inaceptable intento de golpe de Estado.

La respuesta estatal, descontrolada y represiva, que dejó seis fallecidos en Apurímac entre el 12 y el 14 de diciembre, nueve en Ayacucho entre el 15 y el 17 de diciembre, y 18 en Puno entre el 9 y 10 de enero, hizo que las protestas tomaran un nuevo sentido, en el que empezó a estar en juego la reivindicación de la dignidad e identidad de esas regiones y la solidaridad que despertaron.

Así, de pronto, salieron de la agenda los temas de política pública para ser copados por temas políticos sin una salida institucional sencilla, en los que las posiciones extremas perciben que tienen mucho que ganar: desde la izquierda, la representación de los sectores movilizados, bajo las banderas de la renuncia de Boluarte, elecciones inmediatas y convocatoria a una asamblea constituyente; y desde la derecha, levantando una cruzada en contra del comunismo, de los “agitadores” y por el restablecimiento del orden.

Estamos ahora en un escenario dramático de pura confrontación, en el que el desenlace dependerá de quién tenga más capacidad de imponerse y doblegar al adversario. Las protestas no podrán mantenerse indefinidamente con la misma contundencia, lo que podría llevar a mayor radicalidad y violencia, lo que mellaría su legitimidad. De otro lado está un gobierno cada vez más aislado y deslegitimado, sin capacidad ni de contener adecuadamente las protestas, ni de proponer salidas políticas viables.

La esperanza para el país está en que se haga evidente para todos, o para la mayoría, que la lógica de pura confrontación conduce inevitablemente a callejones sin salida, y que el camino más razonable es el de una transición pactada, que pasa necesariamente por el adelanto de elecciones.