En el ámbito de una escuela secundaria pública regida por una institución castrense, un grupo de adolescentes abusan sexualmente de un compañero a vista y omisión de sus propios maestros. Más allá del horror de la agresión, quiero llamar la atención de las jerarquías implícitas en la tolerancia a lo intolerable: se normaliza que los hijos de militares de grados superiores puedan maltratar a los hijos de sus subordinados, que los niños de clases altas puedan imponerse a los docentes de ingresos más bajos, que los de tez y acento pitucos suenen más respetables a los de texturas más humildes. Estas jerarquías no descansan por escrito en ningún reglamento, pero forman parte del mapa mental con el que navegamos día a día en los colegios, en los centros laborales, en el tráfico, en los hemiciclos del poder. Las reglas no acuñadas en tinta –informales– de la interacción social en sociedades de verticalidades subyacentes, como la nuestra, retan la convivencia ciudadana cuando se amparan en cualquier tipo de violencia. Es el mismo país donde, en otros contextos, se normaliza la extorsión como un ‘impuesto’ a los emprendimientos o se observa con displicencia cómo la minería ilegal se apodera de los yacimientos que la minería formal no pudo explotar. ¿Cómo así están interrelacionados estos eventos sociales reiterativos?
La debilidad histórica del Estado Peruano suele ser el origen de muchos de nuestros males. La ausencia estatal potencia el arraigo de todo tipo de informalidad. La ecuación es muy sencilla: ahí donde el Estado fracasa, muy difícilmente las normas formales que rigen nuestra convivencia logran asentarse y ser respetadas. Si no hay Estado, tampoco Estado de derecho. El vacío que deja la retirada estatal es cubierto normalmente por instituciones sociales que imponen sus propios códigos. Estas pueden remontarse hasta antes de la propia república: instituciones castrenses o eclesiales son los más claros ejemplos de quienes pueden ejercer autoridad ahí donde no hay fiscales ni jueces ni PNP ni Sunat. Es decir, la importancia de los galones y de las cofradías, por encima de la premisa fundamental de una democracia liberal: la igualdad ante la ley. La sociedad peruana funciona a través de un conjunto de pactos sociales que se articulan de espaldas al Estado, que tienen, entre otras responsabilidades, la potestad sobre el monopolio de la violencia. Recordemos que la hacienda que subsistió durante la república fue precisamente eso: la delegación por omisión estatal del control fragmentario de poblaciones subyugadas.
Por historia también sabemos que informalidad y violencia pueden ser caras de una misma moneda. Sendero Luminoso fue un intento de establecimiento de códigos alternativos de regulación social a través de la coerción. Detrás de la ideología marxista leninista maoista había un objetivo de reversión del orden social por otras jerarquías; para concretarlo tenían que destruir primero al Estado Peruano. Afortunadamente, éste aún en su momento más crítico económicamente (la década del ochenta) fue capaz de mantenerse pese a este intento derrocador. No es sencillo pues vencer a estados enclenques, incluso como el peruano, a través de la confrontación directa. Pero quizás sí por acomodación.
En la actualidad vivimos un nuevo desafío. El crimen como institución social que busca establecer su propio orden, a través de sistemas de autoridad, de tributos, de sanciones y recompensas. Esta vez no hay una ideología detrás que sostenga a una camarilla de fanáticos (como lo fue Sendero), pero sí una ambición compartida por hordas que pululan oliendo oportunidades. Es un asedio distinto, no planificado ni coordinado nacionalmente, sino intuitivo, con una obsesión epidémica nefasta: encaletarse dentro de la estructura estatal, desde abajo y desde adentro, aprovechando las propias reglas de juego de la democracia electoral. Así, por ejemplo, estas elecciones subnacionales en Apurímac o en Ucayali son la mayor evidencia de cómo la minería ilegal y el narcotráfico, respectivamente, han tomado la mayoría de las opciones de la cédula de votación en esas jurisdicciones.
El crimen es, en cierto modo, la nueva hacienda. El poder económico ya no descansa en la concentración de la propiedad de la tierra sino, curiosamente, en quien la trabaja. Aunque ya no su superficie, sino su subsuelo. Este ‘boom’ de recursos extractivos tiene como epicentro precisamente las zonas donde el Estado perdió su poncho. La revolución criminal viene de zonas como Pataz o Nanay, ya no desde afiebradas aulas de alguna universidad en Huamanga. Es provinciana, aunque no de élite intelectual, sino del país rural que emergió durante esa combinación de desregulación de la economía, descentralización apresurada, e inestabilidad en la política central. Toma el poder de manera inadvertida para la capital, y ejerce presión paulatina en la regulación nacional. No solo establece sus propios códigos informales; se expande un nuevo sentido común compartido decretado por las lumpen burguesías. Es un “otro Sendero” que no vimos venir pues la derecha peruana se ilusionó con el capitalismo popular partero de renovados sistemas institucionales; no sospechó del capitalismo salvaje de la ilegalidad.
El clamor ciudadano por orden, por lo tanto, no se satisface con el incremento de efectivos policiales o con la mano dura del ceño fruncido de nuestros gobernantes. Es una demanda más profunda, que requiere más de sociología que de marketing político. Se necesita de pautas informales que complementen el Estado de derecho, no que lo socaven; que facilite la vida pacífica de sus ciudadanos en la esfera pública, no que genere desconfianza. La pacificación tan mentada no se trata de vencer la violencia a través de las armas sino de generar lealtades ciudadanas con el Estado al que históricamente le hemos dado la espalda.
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