Salinas y el derecho a la insurgencia

El derecho a la insurgencia del pueblo contra las tiranías, que comúnmente llamamos dictaduras, es una de las características y valores de la democracia y está reconocido por la mayoría de las constituciones modernas. Consiste en que la ciudadanía tiene el derecho de rebelarse para recuperar la libertad y restablecer su legítimo derecho de elección.

Las tiranías se originan porque se producen golpes de Estado, por lo general, de origen militar, pero también porque un presidente elegido por el pueblo, siempre apoyado por las Fuerzas Armadas, lo produce. La primera forma; es decir, el golpe de Estado neto, se llama usurpación del poder propiamente dicho. El segundo, en cambio, es una usurpación por abuso de confianza. En este caso, el expresidente electo ya convertido en dictador va poco a poco usurpándole el poder al pueblo y le quita su libertad.

Al respecto hay toda una teoría sobre este derecho, que se inicia con el filósofo romano Cicerón, continúa con Santo Tomás y queda plenamente consolidada por el filósofo británico John Locke. Como vemos, existe no solo un mandato normativo, sino también una teoría que fundamenta y justifica moralmente el accionar de los insurgentes.

Esta insurgencia legítima, tanto jurídica como moral, sucedió cuando Alberto Fujimori, apoyado por un amplio sector de las Fuerzas Armadas, dio su nefasto autogolpe desde Palacio de Gobierno, cerró el Congreso y, por este hecho, se convirtió en tirano. Le usurpó el poder al pueblo.

Pero, como ha sucedido a lo largo de la historia y seguramente seguirá sucediendo, siempre existen personas que se resisten a someterse a la voluntad del dictador. Por eso, cuando Fujimori procedió abruptamente, un grupo de irreductibles peruanos insurgió con la finalidad de recuperar la democracia y reestablecer el orden constitucional. Esta insurgencia se produjo el 13 de noviembre de 1992 y fue encabezada por el general retirado Jaime Salinas Sedó, recientemente fallecido. Egresado de la histórica Escuela Militar de Chorrillos, fue miembro de la promoción Teniente Coronel Roque Sáenz Peña y ocupó el primer puesto. También egresó de la Escuela de Guerra del Perú, igualmente con el primer puesto y, por esta razón, fue enviado a cursar estudios a la Escuela Superior de Guerra en París, la institución militar educativa de Francia de mayor nivel en este país en el que me encuentro al momento de escribir este artículo. Él siempre decía que fue en esta institución donde terminó de consolidar sus ideas democráticas.

En esta insurgencia participó un grupo de oficiales y civiles. Lamentablemente, sucedió que, mientras evaluaban su modalidad, fueron víctimas de una vil traición y, debido a ella, terminaron capturados por unos oficiales al servicio del dictador de turno.

Jaime Salinas Sedó estuvo en prisión casi tres años y nunca delató a los insurgentes. Fue un hombre de carácter fuerte contra los prepotentes, pero generoso en el trato con los demás, amable y consecuente amigo. Militar culto y lector. Excelente esposo y padre.

Cuando salió en libertad, junto con los otros insurgentes, logró que se le repusieran algunos derechos, pero no todos, y por ellos luchó hasta el final de sus días.

Las nuevas generaciones tienen que saber sobre este hecho que debe constar en los libros de historia del Perú para escolares y en general, así como en los anales de las Fuerzas Armadas, de aquellas que respetan y deben siempre respetar el orden constitucional y jamás dar un golpe de Estado como se hizo durante el gobierno de Fujimori, porque los institutos armados están para defender al pueblo, pero jamás para perturbar su libertad y menos aún para ponerse al servicio de un tirano corrupto y que fue violador de ingentes derechos humanos.

El derecho a la insurgencia del pueblo contra las tiranías, que comúnmente llamamos dictaduras, es una de las características y valores de la democracia y está reconocido por la mayoría de las constituciones modernas. Consiste en que la ciudadanía tiene el derecho de rebelarse para recuperar la libertad y restablecer su legítimo derecho de elección.