Volvemos a escribir sobre Argentina porque el presidente Milei ha anunciado 30 medidas para desregular y privatizar la economía, que complementan las medidas fiscales y monetarias anunciadas la semana pasada. Esas 30 medidas, según ha dicho, son solamente una parte de las más de 300 que se propone aplicar. Muchas tienen que pasar antes por el Congreso, para lo que está convocándolo a una sesión extraordinaria en los primeros días de enero.
Tomadas en conjunto, todas estas medidas parecen una reedición del modelo económico peruano. Aunque se suele enfatizar la importancia de la disciplina fiscal y monetaria –la “estabilidad macroeconómica”, como se dice–, no menos importantes han sido la apertura comercial, la abolición de los controles de precios, el respeto de los contratos y la propiedad privada, la privatización y la libertad cambiaria. Milei está atacando por todos los frentes.
Dos de las principales medidas son la derogación de la ley de abastecimiento y la ley de góndolas. La primera, que data de la época de Perón, permite al gobierno fijar precios máximos y regular los márgenes de utilidad de las empresas. La ley de góndolas, que es del 2020, obliga a los supermercados a exhibir los productos para darles más visibilidad a los productos regionales o artesanales. Ambas leyes, dice Milei, interfieren con la libertad comercial.
También ha anunciado la derogación de la ley de alquileres, que entorpece el funcionamiento del mercado de vivienda, y de la ley de tierras, que restringe la venta de predios rurales a los extranjeros, con el objetivo de aumentar la inversión residencial y agraria. Otra medida favorable a la agricultura es la “prohibición de prohibir” cualquier tipo de exportación. Los predecesores de Milei se las han ingeniado, a punta de restricciones e impuestos, para que Argentina deje de ser el exportador de productos agropecuarios que alguna vez fue.
Las medidas anunciadas el miércoles van a generar resistencia no solamente de los sindicatos, sino también de algunos gremios empresariales. La derogación de la ley “compre argentino”, que da preferencia a los productos locales en las compras del sector público, de la ley de promoción industrial, que reparte incentivos tributarios y financieros, y la desregulación de las industrias farmacéutica y turística van a afectar negocios y fortunas que hasta ahora han dependido más del favor estatal que de la preferencia del consumidor.
La lista es larga, pero no podemos dejar de mencionar la conversión de las empresas públicas en sociedades anónimas para su eventual privatización ni la autorización para ceder total o parcialmente las acciones de Aerolíneas Argentinas. Milei ha ofrecido entregárselas a los sindicatos de la aerolínea, que han dicho que las aceptan gustosos, siempre y cuando el Estado les garantice que la seguirá subsidiando. Así cualquiera.
La idea que inspira este programa económico es la de acabar con la interferencia del Estado en la generación de riqueza. Si el Congreso aprueba estas medidas o, al menos, un número importante de ellas, la economía argentina entrará en una suerte de reorganización, en la que el capital y el trabajo abandonarán actividades improductivas y poco a poco se irán desplazando a actividades más productivas. El resultado se verá en el crecimiento económico de los próximos años.
Todavía queda una etapa dura para los argentinos por el ajuste monetario y fiscal, pero con algo de suerte los beneficios de las reformas comenzarán a sentirse rápidamente.
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