Un código de letra muerta

A diferencia de todos los períodos anteriores de la era unicameral, este Congreso ha demostrado una falta de respeto a los lineamientos dados por el reglamento de la institución. Y para muestra irrefutable tenemos el Código de Ética Parlamentaria, el cual la gran mayoría de legisladores no respeta y nadie parece estar dispuesto a hacerlo cumplir en aras de la transparencia y la buena conducta.

La Unidad de Investigación de El Comercio ha revelado dos casos claros de violación al Código de Ética Parlamentaria, y ningún congresista ha movido un dedo para siquiera abrir una indagación al respecto. Se trata de los casos de Víctor Flores (Fuerza Popular) y Waldemar Cerrón (Perú Libre).

Ambos congresistas no han cumplido con transparentar en los debates del pleno sus conflictos de intereses, tal como lo dicta el referido Código de Ética parlamentaria. Durante el debate sobre la ampliación del Reinfo, Víctor Flores no mencionó que sus empresas tienen concesiones mineras y que sobre estas unidades se registran inscripciones de informales. Mientras que en el debate sobre la ley que autoriza el nombramiento excepcional de docentes universitarios, su autor, Waldemar Cerrón, evitó mencionar que la madre de sus hijos era una de las beneficiadas con la iniciativa.

En períodos pasados se ha sancionado a congresistas –con suspensiones de hasta 120 días– por el simple hecho de presentar proyectos de ley que beneficiaban a un familiar. En el caso de Cerrón, su proyecto se aprobó y el beneficio a su familiar se concretó, pero a nadie le parece motivo suficiente para accionar el Código de Ética parlamentaria.

A este escenario se suma que la Comisión de Ética Parlamentaria será presidida por Elvis Vergara (Acción Popular), uno de los involucrados en el Caso ‘Los Niños’. El nombramiento de Vergara es una clara señal de que los blindajes perdurarán en este último año de la era unicameral. Es una señal de que los legisladores cuestionados no deben preocuparse porque nadie saldrá sancionado bajo su gestión.

Resulta difícil pensar que esta situación vaya a cambiar en los 10 meses que restan del período. El Congreso acaba de perder la oportunidad de dar una señal de cambio respecto a los blindajes. Su presidente, José Jerí, tampoco ha dado señales de que su gestión vaya a tomar una postura distinta.

El pleno tiene pendiente debatir los informes que recomendaban suspender a María Agüero (Perú Libre), Darwin Espinoza (Podemos) y Raúl Doroteo (Acción Popular), pero Jerí no ha tomado ninguna acción para priorizar estas sanciones. Por el contrario, la gestión de Jerí ha decidido priorizar la realización de un “pleno regional”, cuya agenda son puros proyectos declarativos.