Iván Alonso

En un mundo cada vez más digitalizado, es increíble que la ley siga exigiendo de contabilidad legalizados por . Hay en los registros de la Sunat más de tres millones de empresas, desde las unipersonales hasta las sociedades anónimas abiertas, y más de nueve millones de trabajadores independientes. Si cada uno legaliza un libro al año, son más de S/700 millones que se transfieren a las notarías. Así como el premier Otárola ha pedido facultades legislativas para simplificar el régimen tributario, debería también pedirlas para eliminar esta obligación, que es una mera formalidad.

Decimos “mera” porque no cumple ningún propósito útil. ¿Qué valor agrega a la sociedad la firma de un notario en un libro que llega y sale en blanco de su escritorio? Ninguno. ¿Puede certificar el notario que lo que allí se anote reflejará de manera fidedigna la actividad económica de esa persona o empresa? No. ¿Puede dar fe de que no se va a llevar una contabilidad paralela? Tampoco. Entonces, ¿para qué sirve la legalización?

El costo de la legalización es insignificante para una empresa grande, pero no lo es para las pymes ni para la mayoría de profesionales independientes. Los derechos notariales, sin embargo, son solamente una transferencia de un bolsillo a otro. Lo que, en realidad, pierde el país es lo que dejan de producir las pymes a consecuencia de la merma de su capital y los independientes en las horas dedicadas a ese trámite. También, por cierto, las horas que los notarios y su personal distraen de otros servicios para los que sus calificaciones son más necesarias que para poner sellos y goma en un libro; y, por último, lo que cuesta producir los libros.

Acabar con el requisito de la legalización no va a reducir ni un sol la recaudación de impuestos. Los que quieran llevar una contabilidad ordenada lo van a hacer con libros legalizados o sin ellos. Los no quieran no lo van a hacer, otra vez, con libros legalizados o sin ellos. La Sunat tiene siempre el derecho de fiscalizar. Aun ahora, la fiscalización no se limita a lo que está anotado en los libros. Puede revisar facturas, recibos, estados de cuenta y otros comprobantes que cuentan mejor la verdadera historia.

Pasando a otra cosa, es impresionante cómo ha crecido el número de contribuyentes registrados en la Sunat en los últimos 15 o 20 años. Al final del gobierno de Toledo había casi 900.000 empresas con RUC. Durante el segundo gobierno de García el número creció, en promedio, en 100.000 al año; con Humala, en 120.000; entre Kuczynski y Sagasti, en 180.000; y aun con Castillo, en 150.000. Hoy, como decíamos al principio, son más de tres millones. La historia de los trabajadores independientes es similar. De 2,5 millones en julio del 2006 subieron a nueve millones en el último noviembre. La pandemia aceleró ligeramente el crecimiento del número de empresas registradas, pero desaceleró el de los trabajadores independientes. Es difícil, a simple vista, reconciliar estas cifras con el aumento de la informalidad, pero alguna explicación tiene que haber. Quizás la informalidad no haya aumentado tanto como se dice.

Iván Alonso es economista

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