Acto fallido

El pronunciamiento del Poder Judicial ante el pedido del expresidente Martín Vizcarra para cumplir el resto de la sentencia por corrupción que pesa sobre él fuera de la prisión es terminante. Los problemas de salud alegados por su defensa, ha dicho la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacionales, no logran “fundamentar la urgencia de que el sentenciado afronte el trámite recursal en libertad”. “Nos encontramos ante una sentencia condenatoria de especial gravedad [por lo que] resulta razonable concluir que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria constituye una medida necesaria”, ha añadido la sala.

El exgobernante, por lo tanto, continuará en el penal de Barbadillo mientras se resuelve el recurso de apelación interpuesto por su defensa a la condena de 14 años que se le dictó en primera instancia. Solo podrá dejar su encierro en la eventualidad de que la instancia superior de apelaciones más adelante anule su sentencia o si la justicia constitucional le concede un hábeas corpus, una circunstancia de probabilidad opinable.

Lo cierto, en cualquier caso, es que Vizcarra ha visto desbaratados, una vez más, sus intentos de sorprender a quien corresponda. Lo hizo con la opinión pública a propósito de su vacunación, irregular, furtiva y ventajista, contra el COVID-19; lo estaba haciendo hasta hace poco con los electores a propósito de sus posibilidades de postular en las elecciones de este año y, según todo indica, lo quiso hacer también frente a la justicia en el contexto que nos ocupa.

Su aseveración, de que perdió el riñón izquierdo por la demora en su traslado del local de la Diroes a una clínica, simplemente no persuadió al tribunal que conoció la mencionada demanda. Si, como en los otros casos, existió aquí una voluntad de montar un acto para perseguir fines de provecho personal, pues el acto resultó fallido. No se ha acreditado “un nexo causal entre su situación de reclusión y la condición médica”, como la sala ha descrito la situación.

Como se recuerda, Vizcarra ha sido condenado por recibir sobornos cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua, a cambio de favorecer a empresas en la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua. Según la sentencia en primera instancia, tales pagos ilícitos recibidos por el exmandatario fueron acreditados a través de testimonios, documentos y otros elementos valorados en el juicio.

Por supuesto, nadie celebra los eventuales problemas de salud de Vizcarra ni se los desea, pero cabe recordarle el dicho aquel que afirma que, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso.