Calamidades a escala

Los fines de año suelen ser ocasión de balances de toda naturaleza, pero especialmente políticos. Días antes de terminar el 2023, los medios recogieron evaluaciones sobre las gestiones que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial cumplieron en los últimos 12 meses. Evaluaciones de diverso signo, pero que, en la enorme mayoría de casos, tenían en común el hecho de ser desaprobatorias. La insatisfacción ciudadana con quienes están llamados a atender sus necesidades desde la esfera pública es general, y las encuestas lo reflejan. Hay, sin embargo, dos instancias de poder que quizá no han sido todavía objeto de la atención que merecen. Nos referimos a las administraciones municipales y regionales elegidas en noviembre del 2022 y que acaban de culminar su primer año de gobierno.

Sus responsabilidades, como se sabe, comprenden la provisión de servicios en terrenos tan delicados como la seguridad, la educación, la salud y el cuidado y la renovación de la infraestructura en sus localidades. Y los presupuestos de los que disponen para atender esas tareas no son en absoluto deleznables.

Recientemente nos hemos ocupado en este Diario de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y hemos señalado las deficiencias en su gestión en lo que concierne, por citar algunas materias, a la reubicación de los ambulantes y al mejoramiento de la seguridad en la capital. Pero se pueden detectar problemas similares a lo largo y ancho del territorio nacional. Consideremos algunos ejemplos.

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, ha estado, durante el 2023, 45 días fuera del país, según informó el diario “Correo”. Es decir, alejado de su responsabilidad por más del 10% del tiempo que tendría que haber estado al frente de ella. España o Francia –sus destinos habituales– no son, evidentemente, el mejor lugar desde el que hacerse cargo de la crisis desatada por la violencia criminal en su región o para estar detrás de las obras de prevención que la misma requería ante la amenaza de un fenómeno de El Niño severo, como el que se temía. Pero a él le ha parecido conveniente tomarse licencias y vacaciones alegando “motivos personales”.

No ha sido mejor, por otra parte, la forma que ha tenido de administrar la Municipalidad Provincial de Trujillo su adversario político Arturo Fernández, quien recientemente se salvó de la vacancia. En lugar de contribuir con el combate a la inseguridad en la referida ciudad, Fernández acaba de protagonizar un hecho bochornoso y provocador. El 28 de diciembre pasado, en efecto, encabezó un festejo sin garantías por el Día de la Independencia de Trujillo y pronunció en la plaza pública un discurso azuzador contra los representantes de la Policía Nacional, la fiscalía y la prefectura que trataron de impedir el temerario evento (de hecho, a una cuadra de donde este se celebraba, hubo robos y disparos). La prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco Narvarte, ha denunciado concretamente que fue agredida de manera física por el personal de seguridad del alcalde…

Otro botón de muestra de los deficientes que pueden ser en diversos puntos del país los gobiernos que nos ocupan lo dio la pobrísima ejecución de los fondos para la prevención de desastres que se registró a un mes de que se iniciara la temporada de lluvias en el contexto de, como decíamos antes, un Niño costero que se preveía fuerte. A inicios de noviembre del año pasado, los gobiernos regionales habían ejecutado, en promedio, solo un 33,6% de tales presupuestos; y los locales (esto es, los municipios), el 43%. Es de imaginar, en consecuencia, lo que podría haber representado, en las zonas comprometidas, la catástrofe climática que se avizoraba. Hemos tenido la suerte de que, por lo menos según las nuevas previsiones, la amenaza haya disminuido considerablemente. Pero eso no es mérito de los alcaldes o los gobernadores regionales que tenían como primera responsabilidad enfrentarla. En resumidas cuentas, transcurrida la cuarta parte de su mandato, sus resultados son por lo común tan calamitosos como los del Ejecutivo (que es el poder con el que mejor se los puede comparar). Aunque, claro, a escala.