Editorial: Saltar la otra cola

En los primeros meses de la pandemia, uno de los grandes problemas para empezar a reactivar progresivamente la economía fue el desorden regulatorio. Entre ordenanzas municipales, reglamentos ministeriales y otras disposiciones contradictorias que cambiaban día a día, los negocios de todo tamaño no estaban seguros cuándo les tocaría reanudar operaciones a ellos ni cómo.

Un año más tarde, la figura se repite en otro formato. Esta vez se trata del desorden alrededor del cronograma de vacunación nacional. Mientras ancianos de más de 80 años se exponen en colas a la intemperie sin la certeza de conseguir alguna dosis, personas relativamente jóvenes de distintos colegios profesionales y otras actividades sin mayor exposición al virus avanzan en su inmunización.

Las reglas, de por sí, han sido innecesariamente complicadas. En vez de implementar desde el inicio un solo gran padrón nacional por edades –información que está disponible en el Reniec–, se dividió a la población según cobertura de seguro médico (SIS, Essalud y privados) y se ensayó la vacunación por distritos. Esto ha generado gran incertidumbre entre personas mayores respecto de qué padrón les toca, qué hacer si no aparecen ahí, a dónde acudir para recibir inmunización y cuándo. Entre los adultos mayores que ya no están en plena forma física y mental, ni disponen de ayuda de familiares o amigos, esta puede ser una tarea imposible de cumplir.

A esto se le agregan los cuestionables criterios de priorización alrededor de las vacunaciones para personal administrativo de salud y para miembros de distintos colegios profesionales. El Colegio de Psicólogos, el de Biólogos y el de Obstetras y Tecnólogos Médicos han empezado con la inmunización para agremiados menores de 60 años. “Se está vacunando a personal que trabaja en modalidad remota, gente joven, cuando hay personas de 80 años que no acceden a dosis”, apuntó acertadamente al respecto la psicóloga Camila Gianella, una de las voces que se oponen a lo que llaman “vacunación VIP”. La renuncia del viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, solo dos días después de que asumiera la coordinación y dirección de la estrategia para la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, podría complicar aún más el proceso.

Sabemos ya que la escasez de vacunas no se resolverá en las siguientes semanas. Así las cosas, cualquier persona relativamente joven que reciba una dosis antes que un adulto mayor deberá tener una razón de peso para hacerlo, no simplemente la conveniencia de pertenecer a una asociación con capacidad de influencia. Conviene recordar que, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), de ser infectado alguien mayor de 85 años tiene una probabilidad de hospitalización seis veces más alta que alguien en sus cuarenta, y 67 veces su probabilidad de muerte.

Recién el sábado, el presidente Francisco Sagasti señaló que “pronto” se anunciará un nuevo plan de vacunación, en reconocimiento tácito del desorden actual. El objetivo es “tener un padrón universal en el cual será posible identificar a los grupos y el orden en que serán vacunados”. El mandatario responsabilizó en parte a la gestión anterior, pero lo cierto es que el equipo que él lidera lleva ya más de cuatro meses en el cargo. Y, si no es posible por el momento traer más vacunas, lo mínimo que se le debería exigir a este equipo de gobierno es asegurar que las que sí están disponibles lleguen a quienes más las necesitan.