Más explicaciones, menos amenazas

El gobierno del expresidente Pedro Castillo tenía al país tan habituado a las semanales denuncias por malas prácticas y aprovechamientos del cargo que era difícil seguir el ritmo. Ahora, luego de medio año de gestión, ha saltado lo que parece ser el primer escándalo serio de corrupción en alcanzar las altas esferas de la administración de la presidenta Dina Boluarte. Se trata de un caso conocido en contra del exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén, y del presidente ejecutivo de Essalud, Aurelio Arturo Orellana, y que ahora alcanza nada menos que al titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

De acuerdo con un informe de la Unidad de Investigación de este Diario publicado ayer, que consigna la declaración de la exasesora de la presidenta Boluarte, Grika Asayag, el primer ministro Otárola habría estado al tanto del irregular pago de S/41 millones en febrero a la empresa Aionia Technology Corporation S.A.C. por la compra de un lote de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19. En conversaciones de WhatsApp, Adrianzén presiona para realizar el desembolso y además le pide a Orellana llamar “para hacer tripartita con PCM [por el asunto]”.

Como se recuerda, hace tres meses la fiscalía abrió una investigación preliminar en contra de Adrianzén y de Orellana por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo relacionado con este pago, que contaba con un laudo arbitral a favor de la Cámara de Comercio de Lima. Asayag también fue comprometida en la diligencia por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. En octubre del 2020, este Diario reveló que el costo de las pruebas rápidas de Aionia compradas por Essalud podía llegar a ser el doble del precio al que, en la misma época, Perú Compras adquiría los reactivos. Antes de este contrato millonario, Aionia solo había obtenido órdenes de compra por S/133.388 con el Estado. Además, Essalud evitó descontar la penalidad de S/4 millones correspondiente por incumplir los plazos de entrega. Todo esto dibuja una situación sumamente irregular entre Essalud y la empresa proveedora.

Otárola negó a este Diario haber sido parte de cualquier coordinación para acelerar el pago a Aionia y acusó, más bien, a “los corruptos que tejen toda una red para desviar la atención”. Lamentablemente, culpar de las acusaciones a una imprecisa red de corruptos de conspirar en su contra no es, a decir verdad, una salida demasiado innovadora ni convincente a estas alturas. En vista de los antecedentes del gobierno pasado, el jefe del Consejo de Ministros haría bien en aclarar lo antes posible cualquier sospecha de mala práctica. En vez de eso, Otárola amenazó ayer por la tarde a este Diario a través de su cuenta de Twitter con llevar el caso al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.

El ataque a la prensa en vez de explicar convincentemente –ante la población y ante la fiscalía– los hechos imputados es una estrategia que se ha visto en repetidas ocasiones, y no precisamente con buenos resultados. El jefe del Gabinete debería ya saberlo de sobra. Esta semana, de hecho, la fiscalía tiene programadas las declaraciones indagatorias de Asayag, Adrianzén y Orellana. En todo caso, esta hubiese sido una buena oportunidad para diferenciarse de quienes en el pasado utilizaron el poder político –efímero por naturaleza– para enfrentar a quienes realizaban las investigaciones, en vez de ayudar a aclararlas con diligencia. El primer ministro obviamente ha preferido dejar pasar la oportunidad.