Los defensores del defensor

Esta semana el Congreso consumó un auténtico despropósito. Con el voto de 88 legisladores, Josué Gutiérrez –exabogado de Vladimir Cerrón, sin experiencia alguna en temas de derechos humanos y sin méritos que exhibir ni como letrado ni como congresista durante el período 2011-2016– fue elegido nuevo defensor del Pueblo.

Su designación es perfectamente irracional. Irracional, esto es, para quienes creemos que, en este tipo de nombramientos y habida cuenta de la encomiable labor que una institución como la Defensoría del Pueblo ha venido desempeñando en los últimos años, los legisladores deberían haber priorizado la formación académica y la trayectoria del postulante como criterios mínimos de selección, además, por supuesto, de una hoja de vida intachable y sin fisuras. Gutiérrez, de más está decirlo, no cumple con ninguno de estos requisitos, y el hecho de que fuera elegido gracias al respaldo unánime de Fuerza Popular (FP), partido al que hasta hace poco él criticaba o a cuyas críticas él se sumaba sin rechistar, invita a pensar que las razones de su nombramiento no se encuentran en su hoja de vida.

Más aún cuando, como recordábamos ayer en este Diario, el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo presidirá la comisión encargada de nombrar a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, el órgano responsable del nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales en todo el país, una tarea que sin duda a varios políticos en líos con la justicia como Keiko Fujimori, el propio Cerrón o los congresistas implicados en investigaciones en el Ministerio Público –que no son pocos– les gustaría que recayera en alguien que esté en deuda con ellos al que poder exigirle un trato preferencial o una devolución de favores.

Por supuesto, nadie en el Parlamento se atrevería a decir que este razonamiento estuvo detrás de su voto (incluso la desvergüenza tiene límites), por lo que en las últimas horas los ciudadanos hemos asistido a un concierto de explicaciones de los legisladores que apoyaron a Gutiérrez tratando de justificar lo injustificable.

Entrevistado en Canal N anoche, por ejemplo, el vocero alterno de FP, Arturo Alegría, alegó que él y sus compañeros habían decidido apoyar al exparlamentario del Partido Nacionalista para que la Defensoría del Pueblo tuviera finalmente a un titular nombrado por el Legislativo y no siguiera bajo una administración interina como la que Eliana Revollar viene liderando desde hace más de un año. Un razonamiento similar esbozó a su turno Flavio Cruz, portavoz de Perú Libre, el partido que nominó a Gutiérrez. “Es un tema de institucionalidad del Congreso, es un rol de obligación que manda la Constitución elegir al defensor del Pueblo”, afirmó.

Nadie niega, por cierto, la facultad que la Carta Magna les confiere a los legisladores para que lleven a cabo tan importante elección. Lo que se cuestiona es que la hayan ejercido de una forma tan negligente para investir a alguien que a todas luces no reúne los requisitos para el cargo. Tan es así que aun si Gutiérrez hubiese sido el único candidato en la sesión del miércoles lo más responsable para el país habría sido no elegirlo y volver a empezar el proceso desde cero.

Más llamativas, por otro lado, fueron las explicaciones dadas por los integrantes de Acción Popular. María del Carmen Alva, por ejemplo, sostuvo que ella y varios de sus compañeros que habían votado en contra de Gutiérrez cambiaron su voto sobre la marcha porque “tenía que salir el defensor”. “Nosotros hemos cambiado a último momento, pero no pensábamos que estábamos llegando a los 87 [votos]”, agregó. Una mención especial merece el también acciopopulista Edwin Martínez, que contó en televisión nacional que decidió su endose a Gutiérrez “en cinco segundos” y por una razón “medio ‘romanticona’”. “Porque una de las trabajadoras de mi despacho es de Huánuco, tiene cierto conocimiento de la trayectoria del defensor del Pueblo cuando era congresista, había ayudado a varias zonas allá”, contó.

Se trata de afirmaciones, en fin, con la que los congresistas solo demuestran dos cosas: que sus argumentos pueden ser tan malos como sus votos y que estamos, en efecto, ante una designación indefendible