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Editorial: Más allá del referéndum

Las facultades legislativas pudieron ser mejor aprovechadas para impulsar la otra reforma pendiente; la de competitividad.

Editorial

Competitividad

“Es posible señalar desde ya que, al menos en el campo económico, las modificaciones resultan insuficientes para atacar la agenda de competitividad pendiente”. 

En las últimas semanas, la coyuntura política ha orbitado alrededor de dos temas. En un primer plano, está el pulseo que han venido sosteniendo el Gobierno y el Congreso por el camino empedrado que parecen seguir los proyectos planteados por el primero para reformar los sistemas político y de administración de justicia. En un segundo término, se encuentra la campaña electoral que ha concitando mayor atención ciudadana conforme se acerca a su desenlace este domingo.

En medio de estos dos gravitantes tópicos, una noticia ha pasado desapercibida. Hace dos semanas, se venció el plazo otorgado por el Congreso para que el Ejecutivo pueda promulgar normas a través de facultades especiales. Como se sabe, en el Perú es casi una costumbre que los gobiernos debutantes soliciten facultades legislativas para poder avanzar con su agenda política –la que, se entiende, fue respaldada por la ciudadanía a través del voto–. De hecho, desde el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, todos los jefes del Estado gozaron de esta prerrogativa congresal en al menos una oportunidad.

Sin embargo, el caso del presidente Martín Vizcarra es particular, en la medida en que su administración es una continuación de aquella que inaugurase Pedro Pablo Kuczynski en julio del 2016. Así, mientras el Gabinete del ex primer ministro Fernando Zavala emitió en su momento 112 decretos legislativos (D.Leg.) gracias a las facultades otorgadas por el Parlamento, el Gabinete de César Villanueva ha hecho lo propio con 101. Es decir, 213 D.Leg. en total. Una cantidad bastante nutrida si consideramos que, en teoría, tanto el Ejecutivo de Kuczynski como el de Vizcarra deberían tener una lista de prioridades muy parecida, pues ambos vencieron en una fórmula que se presentó bajo el paraguas de un solo plan de gobierno.

En lo que respecta al centenar de D.Leg. emitidos por el Gabinete Villanueva, una gran parte de estos está focalizada en el campo económico. A pesar de ello, empero, el sabor que queda de la lista final de normas publicadas es de que no se terminó de sacarle todo el jugo a las facultades.

Por ejemplo, el campo tributario, uno de los más complejos y que se abordó de forma parcial dentro de las facultades, es particularmente ilustrativo. Los cambios introducidos por los decretos han estado orientados a cerrar algunos espacios en los que campeaban la elusión y la evasión de impuestos. Un objetivo, sin lugar a dudas, positivo. Sin embargo, las modificaciones no están exentas de cuestionamientos. Por ejemplo, el D.Leg. 1422, que establece que los representantes legales de las empresas serán responsables solidarios en supuestos casos de elusión y otros de similar tenor, deja la sensación de que las baterías del Ejecutivo están enfocadas en presionar a los contribuyentes actuales en lugar de apuntar hacia la ampliación de la base tributaria.

Esta impresión de que el gobierno no ha calibrado correctamente sus esfuerzos también queda patente en el D.Leg. 1383, que modifica la Ley General de Inspección del Trabajo, y todo lo que corresponde al empleo. Pues en lugar de aprovechar la ocasión para hacer más flexible el mercado laboral (un indicador en el que el Perú ocupa el puesto 129 de 137 países, según el Foro Económico Mundial), se ha optado por hacer más estricto el marco para las empresas ya formales.

Y aunque es probable que con el paso de los días los D.Leg. empiecen a concentrar mayor atención, es posible señalar desde ya que, al menos en el campo económico, las modificaciones resultan insuficientes para atacar la agenda de competitividad pendiente. Esto a pesar de que el impulso a esta última era precisamente un tema explícito en las facultades.

Ahora bien, que la oportunidad haya sido poco aprovechada por el Ejecutivo no quiere decir que todo esté perdido. Pues a partir de ahora la responsabilidad para la reforma de la competitividad pasará al Congreso. A fin de cuentas, tan importante como definir el proceso de selección del Consejo Nacional de la Magistratura o las reglas de financiamiento de los partidos políticos, es apuntar a las bases que permitirán tener un país más competitivo.

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