Basta

El Perú vivió ayer una jornada terrible. Hasta el momento en el que se escribió este editorial, la Defensoría del Pueblo cifraba en 17 el número de fallecidos luego de las protestas registradas en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en Puno. Los heridos, por otro lado, se acercaban a los 40. Ello, además, sin mencionar las consecuencias en la infraestructura del aeródromo y en las zonas aledañas tras una ola de violencia cuyas imágenes difícilmente olvidaremos.

En este Diario hemos señalado que detrás de muchas de las protestas que han tenido lugar en las últimas semanas existen grupos interesados en generar violencia para impulsar agendas particulares. El domingo, solo por poner un ejemplo, nuestra Unidad de Investigación informó sobre los preocupantes antecedentes por cargos de narcotráfico que tienen tres promotores de las manifestaciones en Ica, San Martín y Ucayali, y el propio ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha señalado que poseen información sobre el presunto financiamiento ilícito (con dinero proveniente precisamente del narcotráfico y de la minería ilegal) detrás de algunas movilizaciones. Pero también es cierto que muchos han salido a pronunciarse de manera pacífica y que no se puede mezclar a estos últimos con los primeros, como temerariamente han intentado hacer algunos políticos en estos días. Tildar a todos los manifestantes de ‘vándalos’ no es solo irresponsable, sino también indolente.

Lo que también es innegable es que la respuesta del Estado no ha sido la más adecuada. Diecisiete fallecidos en un solo día es una cifra sobre la que sencillamente no se puede ser impasible. Al igual que lo que ocurre con los protestantes, es cierto que tampoco se puede satanizar a todos los efectivos policiales, muchos de los cuales han expuesto su vida (más de 350 han resultado heridos en las movilizaciones de los últimos dos meses) intentando cumplir con las labores que les encomendaron.

El Gobierno debe explicar las circunstancias de las 17 muertes registradas ayer (y de todos los fallecidos durante las protestas del último mes), debe apoyar los esfuerzos del Ministerio Público para identificar y castigar a los responsables, y debe investigar y sancionar a los efectivos implicados en episodios reprochables como los que agredieron al fotoperiodista de la agencia Efe, Aldair Mejía, mientras se encontraba cubriendo una manifestación en Juliaca el último sábado. Así como detener de una vez y llevar a la justicia a los principales azuzadores de la violencia, muchos de los cuales han sido identificados con nombre y apellido en las páginas de este Diario en los últimos días.

El Estado Peruano cuenta con las herramientas que la ley le ha provisto para hacer frente a estallidos violentos, por más cruentos que estos sean, y para sancionar a quienes incurran en actos criminales amparándose en una concepción deformada del derecho a la protesta. Es urgente evitar más muertes y frenar a quienes intentan aprovechar este tipo de circunstancias con tal de llevar agua para su molino. Basta ya de violencia.