Han pasado 320 días desde que el entonces presidente Martín Vizcarra declaró las primeras dos semanas de cuarentena en el Perú en marzo del 2020. En esos tiempos estábamos a ciegas, y el impacto y la eficiencia de las restricciones estaban por descubrirse, pero este segundo aislamiento de dos semanas impuesto en buena parte del territorio nacional por la administración de Francisco Sagasti –desde el 31 de enero– nos pilla mucho más conscientes de lo que se puede venir. Lo aprendido nos deja claro que no hay un segundo que perder y que estos 14 días de encierro no pueden desaprovecharse.
Conocemos los costos de acometer confinamientos prolongados y de prorrogar constantemente las medidas más rígidas. Aunque reducir radicalmente las aglomeraciones y las interacciones entre personas contribuye a aplanar la curva epidemiológica, también supone un golpe significativo a la economía. Y la realidad ha demostrado que no existe una disyuntiva tan extrema entre mantener nuestros engranajes productivos en movimiento y preservar la salud: si lo primero no se logra por mucho tiempo, los ciudadanos que necesitan salir a trabajar para alimentar a sus familias lo harán sin importar las disposiciones, afectando inevitablemente lo segundo.
En ese sentido, tanto nuestras autoridades como los ciudadanos debemos actuar efectiva y responsablemente durante la cuarentena para hacer que el tiempo cuente y para evitar que 14 días se conviertan en meses. Que eso ocurra sería infligir demasiada presión a un país seriamente golpeado por casi un año de crisis sanitaria.
En lo que concierne al Gobierno, este tiene una serie de misiones en las que no puede fallar. En primer lugar, le toca optimizar los diagnósticos con la aplicación de más pruebas moleculares. Identificar el mayor número de casos permite dibujar una curva más precisa y conocer quiénes están enfermos debería llevar a que, en estas dos semanas, se rastree a las personas con las que podrían haber tenido contacto y tenerlas monitoreadas. Asimismo, se deben hacer esfuerzos para ampliar la capacidad del sistema de salud, sobre todo de las áreas de cuidados intensivos. No se puede, tampoco, volver a mezquinar el apoyo del sector privado en la provisión de oxígeno y pertrechos para el personal médico.
El Estado también tiene que recoger la experiencia de la gestión de Martín Vizcarra para no tropezar en los mismos puntos a la hora de repartir los bonos para las familias que lo necesitan. No se puede regresar a las largas y peligrosas colas en los bancos.
Lo más importante, sin embargo, tiene que ver con las vacunas. Además de redoblar los esfuerzos por obtenerlas para toda la ciudadanía, las que lleguen tienen que ser eficientemente administradas a todos los que componen la primera línea de atención. Tener al mayor número posible de médicos y enfermeros inmunizados fortalecerá nuestra capacidad de respuesta a esta segunda ola. Además, el Ejecutivo debe tomarse en serio las campañas de comunicación para que el porcentaje de personas que no se quiere vacunar (actualmente 48%) lo haga, despejando los miedos y la desinformación imperantes.
Por último, el papel que debe ejercer la ciudadanía es más simple, pero no por eso menos importante. El cumplimiento cabal de las restricciones es clave para ralentizar los contagios y hacer que las disposiciones tengan sentido. Como se sabe, existen circunstancias que las autoridades no podrán controlar totalmente, como que las salidas peatonales no duren más de la hora determinada y que el desplazamiento a los centros de abasto no sea aprovechado para desvíos. Mucho, entonces, dependerá de la diligencia y el criterio de cada uno.
Esta cuarentena tenemos que hacerla bien. No nos podemos dar el lujo de prolongarla ad infinitum, pero tampoco de olvidar por qué se ha planteado.
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