Editorial: Cateriano contra Cateriano

Pocas cosas resultan tan perniciosas para la imagen de un político como la contradicción. Y si adicionalmente el político en cuestión ostenta un cargo de autoridad dentro del gobierno, el efecto es devastador, pues es precisamente esta la que queda desvirtuada en el camino.

Eso, sin embargo, es lo que le viene ocurriendo al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien recientemente ha tenido que hollar ese deslucido territorio por encargo del gobierno. Y, además, por partida doble.

El primer ministro, en efecto, ha tenido que cultivar el olvido respecto de sus reiteradas afirmaciones en el sentido de que él se “muerde la lengua” para evitar responderles a determinados líderes de la oposición por la neutralidad a la que lo obliga su cargo. El lunes de esta semana, sin ir más lejos, a propósito de las críticas por la sorpresiva negativa del gobierno a promulgar la resolución legislativa sobre el nuevo tratado de extradición con Francia que el propio Ejecutivo había presentado al Congreso, dijo: “Me muerdo la lengua, pero tengo obligación de ser neutral”.

Bastó, no obstante, que el miércoles 6 el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 emitiera un fallo en el que concluye que el presidente Ollanta Humala violó el principio de neutralidad electoral con sus ataques a algunos de los candidatos a la presidencia, para que Cateriano apareciera ante los medios a argumentar en sentido contrario a lo que había dicho dos días antes.

“Como gobierno [debemos] deplorar y rechazar este pronunciamiento del Jurado Electoral, cuando consideramos que vulnera el artículo 2, inciso 4, de la Constitución, que garantiza la libertad de opinión de todos los ciudadanos”, dijo. Y la verdad es que no quedó claro por qué, a pesar de que piensa que él mismo tiene que ‘morderse la lengua’ con respecto a los candidatos en competencia por razones de neutralidad, no le parece que el presidente de la República, que ostenta una responsabilidad aun mayor que la suya, deba hacer lo mismo.

Más flagrante aun, sin embargo, ha sido la segunda de sus contradicciones de estos días, la que, curiosamente, ha tenido que ver también con el ya mencionado tratado de extradición con Francia.

Como se sabe, repentinamente y cuando el Parlamento ya lo había aprobado, el gobierno decidió la semana pasada dar marcha atrás en su afán de sacarlo adelante y anunció que no lo promulgaría, lo que dio pie a especulaciones de diverso calibre sobre las intenciones que tal cambio de opinión podría ocultar. Cateriano, empero, salió a defenderlo, a partir de una consideración sobre una supuesta ausencia de reciprocidad entre los países firmantes.

“Las circunstancias, luego de una revisión, obligan a una reflexión. ¿Debe motivar o no una reflexión firmar un tratado donde yo extradito, pero el otro país no extradita?”, argumentó para justificar el resultado de lo que denominó “una evaluación posterior” del documento.

Pero las críticas y las suspicacias no solo continuaron, sino que determinaron que el primer ministro fuera invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso a responder sobre el tema. Y allí, derrotado y solo cuatro días después del anuncio anterior, declaró: “El gobierno, por razones de Estado cuyo propósito es mantener las relaciones con Francia, promulgará la resolución legislativa”.

La primera observación que viene a la mente, por supuesto, es que semejantes ‘razones de Estado’ estuvieron a la vista desde el principio y que, en esa medida, el gobierno bien pudo haberse ahorrado el costo político de esta marcha y contramarcha. Pero por encima de eso, está el descrédito al que innecesariamente se ha expuesto al presidente del Consejo de Ministros, cuya palabra no puede estar sometida a vaivenes de este tipo, pues lo que resulta mellado en última instancia es, como señalábamos líneas arriba, su autoridad.

Cateriano, además, tiene que ser perfectamente consciente de esta situación, por lo que cabe suponer que no ha de haberse avenido a incurrir en las referidas contradicciones con agrado, sino por instrucciones directas. Y la verdad es que, a propósito de tales instrucciones, haría bien en distinguir entre lo que son las obligaciones derivadas de la responsabilidad de Estado que ha asumido y lo que son meros encargos políticos, porque en el afán de cumplir con lo segundo está socavando irremediablemente lo primero.