Jefe de la ONPE dice que entregará su pasaporte a la fiscalía tras alerta de la Policía

A una semana de las elecciones generales- que tuvieron grandes deficiencias, como la tardanza en la llegada del material electoral y la prolongación de los comicios al lunes- el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, dijo que entregará su pasaporte vigente al Ministerio Público, cuando este fije hora y lugar.

Esto luego de que al interior de la Policía Nacional del Perú (PNP) se haya activado una alerta y se haya dispuesto que todas las unidades especializadas, incluidas las de inteligencia, refuercen las medidas de seguridad y adopten acciones preventivas ante posibles intentos de salida del país de Corvetto.

[ACTUALIZACIÓN Un día después, este lunes, se conoció que la fiscalía programó para este martes, a las 4 de la tarde, la diligencia de “entrega de información voluntaria del testigo”.

“[Corvetto] Además propone entregar su pasaporte vigente, debiéndose fijar día y hora para acudir al despacho fiscal y hacer entrega del mismo; en ese sentido, se deberá programar conforme a la agenda fiscal una diligencia de entrega de información voluntaria del testigo”, indica el documento fiscal a que El Comercio tuvo acceso].

Según la Orden Telefónica 843-2026-Comoppl, a la que accedió El Comercio, la medida se adoptó luego de que se tomara conocimiento de que se solicitaría una detención preliminar por siete días, así como el allanamiento e incautación de bienes contra del jefe de la ONPE y otros funcionarios investigados. De momento, esto aún no ha sido confirmado públicamente.

En una carta dirigida a la Segunda fiscalía provincial especializada en delitos de Corrupción de funcionarios y a la Policía Nacional, Corvetto refirió que cuenta con Seguridad del Estado “las 24 horas del día, en distintos grupos”, los mismos que dan cuenta al comando policial sobre sus traslados y movimientos. “

“Ergo, resulta un despropósito y exceso en lo que respecta a mi persona, la solicitud del Comando de Operaciones de la PNP de fecha 18 de abril del 2026”, complementó.

El alto funcionario de la ONPE recordó que ha dejado sin efecto sus vacaciones ante la crisis que atraviesa su institución.

En la misma misiva, Corvetto señaló que tiene la “total disponibilidad” para presentarse en la investigación por presunta corrupción que afrontan un grupo de funcionarios de la ONPE por el contrato con la empresa Gálaga, que debía distribuir el material electoral en algunos puntos de Lima.

También refirió que autorizará el levantamiento de su secretario a las comunicaciones “en el periodo que se requiera”.

Covetto debía declarar el viernes ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de PNP, pero solicitó reprogramar su citación.

Incluso, solicitó que esta sea virtual y “en un plazo razonable”. El funcionario fue citado en calidad de testigo, en el marco de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción tras denunciarse que la empresa Galaga S.A.C, quien ya había sido penalizada por incumplimiento de contrato, fue nuevamente contratada para elaborar el reparto de material electoral en el último proceso electoral.

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El punto de vista

El abogado penalista Carlos Caro consideró que existen los elementos suficientes para que Corvetto sea incluido como investigado por presunta colusión en la pesquisa por presunta colusión que el Ministerio Público ha iniciado por los contratos que dio la ONPE a la empresa Galaga para el reparto del material electoral de cara a los comicios generales.

“Desde mi punto de vista sí, la jurisprudencia señala que se puede incorporar a una persona en una investigación preliminar con una sospecha inicial simple […] Corvetto no ha estado en la contratación directa, pero él tenía el deber de organizar la licitación bajo un estándar. ¿Cumplió con establecer estándares mínimos? Si eso fue culposo o doloso, se verá. La sospecha inicial está dada”, expresó en comunicación El Comercio.

Caro explicó que si el jefe de la ONPE está dispuesto a entregar su pasaporte es porque quiere evitar una futura detención preliminar.

“Para que sea detenido preliminarmente, él tiene que está en condición de investigado, la fiscalía lo puede incluir y no hace falta comunicarlo. El pedido ante el juez es en reserva”, detalló.

El letrado indicó que no solo Corvetto, sino los funcionarios implicados en la contratación de Galaga tienen que explicar, durante la pesquisa, por qué decidieron por esta empresa y no por Hermes, que era un proveedor que les cobraba menos y que tenía mayor capacidad logística.

Caro indicó que la Policía Nacional no puede solicitar directamente al Poder Judicial que se establezcan medidas de seguimiento o de impedimento de salida del país a Corvetto, sino que esta solicitud debe ser canalizada por la fiscalía ante el juez.

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A su turno, el abogado penalista Vladimir Padilla también refirió que la fiscalía tiene los elementos para sumar a Corvetto en la investigación preliminar por presunta colusión en el contrato a favor de Galaga. “Él no es cualquier funcionario, su función principal era que los comicios salgan sin ningún obstáculo más allá de cualquier imprevisto, y lo que hemos visto trae visos de la existencia de irregularidades”, expresó.

En diálogo con este Diario, Padilla indicó que Corvetto, en calidad de investigado, podría hacer uso a su defensa.

“Su condición no debe ser la de testigo, sino de investigado y esto también en salvaguarda de su propia defensa. Como testigo está obligado a decir la verdad y como investigado tiene el derecho a guardar silencio y no auto incriminarse”, explicó.

Padilla coincidió con Caro, al sostener que, con el anuncio de la entrega de su pasaporte, Corvetto busca evitar una eventual detención preliminar y “quiere romper el tema del peligro procesal”.

“No estoy de acuerdo con que lo detengan, es un funcionario principal, más allá de que tenga la discrepancia de que él siga conduciendo el proceso electoral, él no se va a fugar. Al otro funcionario, al que detuvieron en flagrancia no le han dado detención preliminar pese a que está implicado directamente”, subrayó.

El letrado señaló que, durante la investigación, Corvetto tiene que responder por qué no hicieron nada para dar una solución al problema del reparto del material electoral.

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Su futuro en manos de la JNJ

A pesar de los múltiples cuestionamientos, Corvetto no ha dado señales de renunciar. Permanece en su cargo mientras –en paralelo– la Junta Nacional de Justicia (JNJ) espera sus descargos para definir su futuro al frente del organismo electoral.

Por lo pronto, el máximo representante de la ONPE tendría hasta el 24 de abril para responder a la JNJ por la investigación preliminar que afronta por dos hechos: la falta de instalación de mesas de sufragio y los retrasos generalizados en su implementación, lo que habría generado que un número indeterminado de electores se retire sin poder emitir su voto.

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Fuentes de la JNJ estimaron que, tras estos descargos, la institución deberá emitir, entre la primera y la segunda semana de mayo, su informe final sobre la referida investigación. En este, el instructor o ponente definirá si amerita el inicio de un procedimiento disciplinario, el mismo que podría concluir en la destitución, remoción o absolución del funcionario, según se dispone en el reglamento.