Las pruebas de la incompetencia de la ONPE el domingo 12 de abril no dejan de aparecer. A la falta de tinta para las impresoras de los centros de votación, los errores del sistema STAE y los retrasos en el envío de material por contratar a una empresa claramente incapacitada para cumplir su labor –una circunstancia que dejó a miles de peruanos en la capital sin poder votar u obligados a hacerlo al día siguiente–, se suma otro problema que amenaza con crecer en los próximos días.
El último jueves, el programa “Beto a saber” de Willax Televisión denunció que un grupo de ciudadanos encontró cajas abandonadas en una calle de Surquillo que contenían las cédulas de cuatro mesas electorales pertenecientes a Surco. El problema con ese hallazgo es que el reglamento para el recuento de votos, emitido hace menos de un año, es bastante claro al establecer los protocolos de custodia y destrucción de estos documentos. La razón tras ello es bastante simple: en caso de que las autoridades electorales lo consideren pertinente, debe realizarse un recuento público de votos para el que se necesitan, lógicamente, las cédulas de votación.
La respuesta del organismo electoral ante el descubrimiento ha sido bastante penosa. Claudia Sandoval, jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) responsable del distrito de Surco, afirmó que se trató de un “error involuntario” debido a que los trabajadores que llevaron el material desde el centro de votación hasta el lugar de almacenamiento olvidaron dichas cajas en el vehículo utilizado para el traslado. La ONPE también mintió al afirmar que dicho material fue custodiado por la policía y personal del JNE. Para empeorar las cosas, ayer se conoció una denuncia presentada en una comisaría de San Juan de Lurigancho en la que personal de la ONPE advirtió sobre la pérdida de ocho actas electorales correspondientes a dos mesas de votación del mencionado distrito, pero lo que es peor: chats internos de auxiliares del organismo encargados de la distribución del material electoral han salido a la luz y revelan un panorama de desorganización y caos que contradice cualquier explicación oficial, al tiempo que taxistas han denunciado públicamente que fueron ellos quienes, ante la ausencia de un sistema logístico funcional, terminaron distribuyendo por su propia cuenta el material de sufragio.
Estas revelaciones dan pie a una certeza y una duda. La certeza es que no se cumplió el protocolo establecido en la ley para el traslado y almacenamiento de las cédulas de sufragio, poniendo en riesgo el principal documento que recoge la voluntad ciudadana. La duda, entre tanto, es cuántos otros casos puede haber que todavía ignoramos no solo en Lima, sino en todo el país. La palabra de la ONPE, lamentablemente, ya no ofrece ninguna garantía.
Días atrás, el jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, minimizó el caos generado por la impuntualidad en la entrega del material de sufragio calificando la situación de un “error puntual”. Pues bien, ¿cuántos más errores “puntuales” o “involuntarios” cometió la ONPE el día de la elección que aún no conocemos? ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus autoridades electorales al ver, literalmente, decenas de votos botados en la vía pública? En este Diario, creemos que no basta solo con una explicación; hace falta que se vaya de una vez Corvetto. No puede haber una segunda vuelta con él a la cabeza.
