Editorial: El cono del silencio

La más importante de las decisiones derivadas del diálogo entre el Gobierno y diversos sectores políticos, celebrado el lunes en Palacio, ha sido, sin duda, la de cerrar por 180 días la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). El propósito declarado de esa medida, que tendrá que ser aprobada todavía por el Congreso, es someter a la referida entidad a una reestructuración que, en palabras de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, permita “reforzarla y profesionalizarla, con una junta de notables que puedan ver el tema”. Eso, sin embargo, no es todo.

Al estar referida a uno de los problemas más agriamente señalados por la oposición ausente del diálogo (el fujimorismo, el Apra y otras fuerzas), la disposición supone también, como destacábamos ayer en este mismo espacio, un gesto hacia ella y, en última instancia, una admisión implícita de que el funcionamiento de la DINI ha sido inadecuado y, eventualmente, ilegal. Por eso resultan descabelladas las intervenciones de ciertos voceros del oficialismo que pretenden negar lo evidente. Como, por ejemplo, el congresista Josué Gutiérrez, quien ha afirmado que el cierre en cuestión no representa el reconocimiento de cosa alguna y constituye solo un esfuerzo “para que la clase política no diga que la DINI está enfocada en temas que no atañen a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, así como a la defensa del país”.

La verdad es que, con esa filosofía, bastaría que ‘la clase política’ comience a expresar también dudas acerca de la actuación de cualquier otra dependencia u organismo del Estado –digamos, la Sunat, el Instituto Nacional de Cultura o Pro Inversión– para que los cierren por 180 días y los reestructuren. Es decir, por donde se lo mire, un argumento absurdo, improvisado para tratar de tapar el sol con un dedo.

Sin embargo, por gesto hacia la oposición que sean, los cambios en la DINI tienen que ser vigilados desde fuera del gobierno, pues simultáneamente podrían servir a varios fines menos saludables. Una suspicacia que despiertan tanto la circunstancia de que la iniciativa fuese promovida por la representante del Partido Nacionalista en el diálogo –vale decir, por alguien tan identificado con la administración como la primera dama–, como la forma en que el Ejecutivo se fue entusiasmando con la idea a lo largo de la jornada, pues lo que se propuso inicialmente como una materia a debatir terminó, unas horas más tarde, como un anuncio solemne. 

¿Cuáles serían concretamente esos fines subalternos a los que podría contribuir la supuesta reforma? Pues, el de negarle a la comisión congresal que investiga los recientes casos de reglaje la documentación que ha solicitado, con el pretexto de que no hay nadie en la oficina que atienda el pedido; y el de limitarse a obturar las filtraciones que los delataron en esta ocasión, para luego seguir operando de la misma manera y sin cortapisas.

De hecho, la instalación de una “junta de notables” que supervise el proceso cuestiona en la práctica las facultades de control que tiene sobre la DINI la ya mencionada comisión parlamentaria y, en ocasiones, el Poder Judicial. Los nombres mencionados para integrar esa ilustre junta, dicho sea de paso, pertenecen a personas tan mayores –Luis Bedoya Reyes, Javier Pérez de Cuéllar, Julio Cotler–, que no podrían ejercer como los sabuesos que el rol demanda, por lo que resulta poco probable que se presten a una utilización semejante si realmente se las proponen.

En cuanto a las filtraciones –de inevitable asociación con las que se producían en la comedia “El Superagente 86” cuando Maxwell Smart utilizaba el cono del silencio para transmitir información secreta a su jefe–, sería ciertamente deseable que no ocurriesen en una entidad dedicada a producir inteligencia para proteger al Estado y a los ciudadanos de amenazas como el narcotráfico o el terrorismo. Pero, para trasladarnos a ese escenario ideal, haría falta primero asegurarnos de que la DINI cumpla con los deberes que le tocan y no con otros, dictados por la agenda política de quien ocupa ocasionalmente el poder.

Y es ahí donde la fórmula impulsada por el Ejecutivo y el partido de gobierno cojea. Porque sin efectiva supervisión externa no habrá enmienda, y sin enmienda continuarán los espionajes indebidos. Y si eso ha de ser así, no tendremos más remedio que hacer votos por que el cono del silencio’ siga funcionando con la efectividad de siempre.