En este Diario hemos venido advirtiendo desde hace varios meses sobre la infiltración de la minería ilegal en el proceso electoral de abril. Hemos alertado respecto de candidatos con conexiones directas en el sector, partidos que abogan por la extensión indefinida del Reinfo, y en general sobre el entramado de intereses que se vienen tejiendo progresivamente entre la política nacional y la explotación de oro ilegal.
Quizá otra manera de medir la influencia del sector es analizar los propios planes de gobierno de los partidos en contienda. De acuerdo con un informe publicado en estas páginas ayer por el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo seis de las 38 agrupaciones políticas proponen eliminar el Reinfo –que de ser una medida temporal para pequeños mineros se ha convertido en una carta blanca para todos los ilegales–, o establecer límites a la formalización. A criterio del IPE, ningún plan de gobierno plantea una solución integral para una actividad que, solo en el 2025, habría exportado más de US$11.500 millones, un monto ligeramente menor que el de toda la agroexportación.
Este no es, por supuesto, un asunto simple. Son varias las aristas por considerar (interdicción, trazabilidad, coordinación interinstitucional, etc.), y ni siquiera el mejor plan puede garantizar éxito. Pero lo que en el fondo se refleja en el anterior informe es que no parece haber mayor voluntad entre una preocupante mayoría de agrupaciones políticas de tomarse el problema en serio. El avance de la delincuencia, que es hoy el principal punto de preocupación de la ciudadanía, no es un fenómeno ajeno a la expansión de la minería ilegal. De hecho, esta última es –según el consenso de analistas– la actividad ilícita más lucrativa, y un facilitador importante de bandas criminales internacionales que operan aquí. Los partidos políticos que no tengan intención sincera de luchar contra la minería ilegal en particular realmente tampoco están interesados en luchar contra el crimen en general. Son, en definitiva, parte estructural del problema.
El próximo Congreso será el espacio crítico para definir las reglas de juego del sector durante los siguientes años. La continuidad del Reinfo, o su reemplazo por alguna alternativa más razonable que separe de una vez por todas a los productores que quieren formalizarse de los criminales, será tema de debate a partir de agosto próximo. Pero a pesar de todo lo que está en juego, el apetito por discutir soluciones concretas y contrastar ideas en este tema aún no se ve.
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