Editorial: Consenso de justicia

Pese al convulsionado ambiente político que vivimos, una iniciativa legislativa proveniente de las filas de Fuerza Popular parece reavivar la esperanza de que las fuerzas políticas puedan poner las necesidades del país por delante de sus intereses partidarios.

Nos referimos al proyecto de ley que en los albores de un nuevo Parlamento ha presentado la congresista Yeni Vilcatoma. Una propuesta que tiene por finalidad dotar de autonomía a los procuradores del Estado, enmarcándolos dentro de un organismo de rango constitucional (la Procuraduría General de la República) y alejándolos así de las injerencias políticas a las que se encontraban expuestos por depender del Ministerio de Justicia (Minjus). 

El hecho de haber experimentado en carne propia los riesgos de la intromisión política, seguramente, motivó a la ex procuradora anticorrupción a priorizar este planteamiento. Como se recuerda, ella fue despedida a finales del 2014 en medio de acusaciones de injerencias que pesaban sobre quien era ministro de Justicia, Daniel Figallo, en la investigación que Vilcatoma conducía respecto de Martín Belaunde Lossio, ex asesor, financista y amigo del entonces presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. 

Meses después, un nuevo ‘affaire’ con ribetes políticos cobraba otra víctima, cuando la posteriormente cesada procuradora contra el lavado de activos Julia Príncipe fue “llamada a disciplina” desde el Minjus, luego de que declarara que su despacho podría investigar documentos que involucraban a Nadine Heredia, presentados por la prensa en el marco de las investigaciones relacionadas con sus agendas. 

Dos eventos que alertaban de los riesgos inherentes a los que se enfrentan los procuradores cuando su tarea de defensa de los intereses del Estado puede entrar en conflicto con los intereses de quienes personifican el gobierno de turno. Así, llegado el caso, ¿podría un procurador nombrado por un ministro llegar a investigar al presidente de la República, es decir, al jefe de su jefe? ¿No sería mejor alejar a los procuradores de las sombras políticas que pudieran ceñirse sobre su labor?

Por ello, resulta saludable la iniciativa de la parlamentaria fujimorista, como también lo es que representantes de otras tiendas políticas hayan manifestado una positiva recepción a dicha iniciativa. Acciones y declaraciones que generan optimismo de que este Congreso, de una vez por todas, decida emprender la postergada reforma del sistema de justicia. Pues si bien el asunto de la procuraduría es importante, no es el único ni el más urgente en esta materia.

El propio proyecto de la señora Vilcatoma pone en agenda el rol del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al disponer que los procuradores sean nombrados y removidos por el CNM. Pero aventurarse a ese camino, sin ajustes previos, podría llevar a los procuradores al mismo lugar donde hoy se encuentran jueces y fiscales.

Los cuestionamientos a la idoneidad y probidad de gran número de jueces y fiscales, y a las decisiones del órgano encargado de su nombramiento (el CNM), alcanzaron un pico el año pasado con el vergonzoso acuerdo para ratificar al hoy vacado ex consejero Quispe Pariona, pese a los múltiples cuestionamientos que pesaban sobre él. Así, si queremos jueces y fiscales idóneos, sentencias predecibles y que el Poder Judicial deje de ser percibido como la institución más corrupta del país (Encuesta Nacional sobre Corrupción de Proética e Ipsos, 2015), es indispensable empezar por reformar el sistema de elección de los encargados de designar a quienes administran justicia. 

Como también es esencial mejorar el sistema de capacitación de jueces y fiscales fomentando su especialización, transparentar más los procesos de concurso, evaluación, nombramiento y separación de autoridades jurisdiccionales, permitiendo su supervisión y auditoría por entidades independientes, establecer indicadores objetivos de mejora del Poder Judicial y Ministerio Público que acompañen los necesarios incrementos salariales, entre otras medidas.

Clamaba el filósofo español Juan Vives que la justicia es el vínculo de las sociedades humanas. Si así lo entienden los parlamentarios que nos representan en el Congreso, la reforma del sistema de justicia logrará un consenso y dejará de ser una lejana aspiración.