Editorial: Ejercicio de memoria

En el Perú, por lo general, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se encarga no solo de liderar el Gabinete, sino también de resguardar políticamente al presidente de la República. Anteriores representantes de la PCM, por ejemplo, han fungido de inopinados traductores del mandatario de turno cuando las circunstancias apremiaban, o han absorbido un golpe político duro que, de otro modo, hubiera aterrizado en el presidente.

Lo que el país está presenciando en estos días, no obstante, es una cosa distinta. Ante la opacidad y sospechas crecientes que rodean al presidente Pedro Castillo, Mirtha Vásquez, cabeza de la PCM, ha lanzado sendas líneas de defensa que, en vez de fortalecer la situación del mandatario, están contribuyendo directamente a su descrédito. Y, de paso, al descrédito de la propia Vásquez.

El 1 de diciembre, luego de reveladas las reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo en la casa de Breña con Karelim López, operadora de contratistas del Estado, Vásquez organizó una conferencia de prensa. Ahí mencionó que se haría pública la lista de personas que despacharon con el mandatario en el inmueble y que este ya no sería utilizado como lugar de citas presidenciales.

En esa línea, la semana pasada, Vásquez anunciaba en medios que ya se había enviado la lista de quienes se reunieron extraoficialmente con Castillo a la Procuraduría General del Estado. Sin embargo, su versión fue desmentida por el propio procurador general, Daniel Soria, quien debió enviar un nuevo oficio al secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, para que diera cuenta de la información pendiente. Como explicación inverosímil, Vásquez dijo que no estaba al estaba al tanto de los detalles de la respuesta a la procuraduría. La información compartida ha sido tan poco satisfactoria que esta semana la procuraduría denunció al presidente ante la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

“Lo que podría hacer es un ejercicio de memoria”, dijo con soltura Vásquez al admitir que, la verdad, no existía el registro prometido. Ello no sorprendió al tratarse de reuniones que, por las circunstancias que las rodearon, el mandatario quería mantener confidenciales. Lo que sí sorprendió fue la disponibilidad de Vásquez de prestarse a este papel. Tres semanas después del destape sobre las citas en el pasaje Sarratea, la palabra de la primera ministra ha perdido credibilidad. Es difícil no ver en estas idas y vueltas sobre la identidad de los registros, y en las posteriores excusas de la jefa del Gabinete para justificar por qué no se cumplió lo que se había prometido, una burla a la ciudadanía.

El flanco de las visitas en Breña no es el único. No ha habido explicaciones sobre los entuertos del ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco ni sobre la publicación de IDL-Reporteros sobre la colaboración eficaz trunca de Karelim López por un supuesto pago irregular al presidente, ni sobre los chats que revelarían una intromisión de Castillo en los ascensos en las FF.AA. ni sobre nada de relevancia pública vinculado a las acusaciones contra el mandatario y su entorno. En la falta de transparencia y aparentes conductas irregulares de altos funcionarios del Gobierno, el principal responsable es Castillo, pero Vásquez se ha convertido en un factor habilitante.

Esta no es la función de la PCM. Quien lidera el Gabinete no tiene el encargo paralelo de abogado del presidente, menos aun cuando ni siquiera dispone de la información completa ni los medios para hacerlo. Quizá el ejercicio de memoria debiese correr a cargo de la propia Vásquez, quien –ante el papel que ha decidido emprender– podría bien recordar qué la motivó a asumir el puesto en un primer momento.