El Congreso en campaña

No es sencillo combatir el populismo. Quienes lo practican tienen muy bien asumidos sus métodos y cualquier crítica, técnicamente sustentada, que contradiga lo que el populista quiere lograr, es fácilmente calificada como opuesta a los intereses del “pueblo” y, por ende, el corolario de una alianza entre los expertos que cuestionan la pertinencia de las medidas y las “élites” amorfas que dirigen sus acciones.

La pandemia ha gatillado actitudes así en el presidente (con amenazas de expropiación y anuncios de “impuestos solidarios”) y, particularmente, en el Congreso. Este poder del Estado, aprovechando las heridas generadas por la pandemia y con un ojo en los comicios del 2021, está apostando por el aplauso antes que por la sensatez y por los réditos políticos inmediatos antes que por los efectos económicos a largo plazo. En suma, el arte de prometer soluciones sencillas cuando en realidad se están generando problemas complejos.

Así, obedeciendo el manual populista, el Parlamento forzó la liberación del 25% de los fondos de las AFP –los expertos advirtieron que traería consecuencias negativas para el sistema financiero y que solo beneficia a una minoría formal– y suspendió el cobro de peajes a nivel nacional durante la cuarentena –quebrantando la Constitución y beneficiando a un grupo acotado de transportistas cuando la ciudadanía en general estaba encerrada en su casa–. Ambas propuestas fueron defendidas con argumentos similares: la primera era una manera de proteger al “pueblo” de los abusos de las AFP y la segunda buscaba hacer lo propio contra los atropellos de las empresas que hacen estos cobros.

En las últimas semanas otras iniciativas de este tipo se han discutido en las comisiones del Poder Legislativo. Una, por ejemplo, apunta a la ONP, el sistema público de pensiones, planteando que se les devuelva a algunos afiliados una porción de sus aportes para enfrentar la crisis, pasando por alto cómo funciona el referido servicio que, a diferencia del privado, no tiene un fondo disponible del cual retirar ahorros, sino que los ingresos van directamente a los pensionistas.

Pero hay otra medida más grave –sobre la cual ya hemos advertido desde esta página– que concierne al sistema financiero y cuya discusión en el pleno es inminente. Nos referimos al dictamen, aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor, que busca plantear un período de gracia de 90 días para el pago de créditos y una posterior reprogramación hasta por cinco años sin modificar tasas de interés. Y aunque la intención anunciada por los legisladores es beneficiar a los ciudadanos de a pie, las instituciones especializadas en esta materia, como la SBS y el Banco Central de Reserva, han pronosticado que generaría todo lo contrario y la han definido como inconstitucional. Por su parte, la ministra de Economía ha sido clara al señalar que “este proyecto de ley al final del día afectará a los ahorristas” y que podría llegar a “frenar el crédito”, lo que contravendría todos los esfuerzos empeñados durante la crisis para evitar que este se perjudique.

No obstante, difícilmente hay argumento técnico que valga o experto digno de ser escuchado cuando los parlamentarios están empecinados en sacar provecho político de normas como esta. La lógica de la defensa ensayada a favor de esta propuesta por algunos parlamentarios sigue la receta populista mencionada y el “enemigo” que conspira contra el “pueblo” en este caso son los bancos. Así algunos congresistas, como José Luna, se han basado en que estos han seguido generando grandes ganancias durante estos meses y el legislador Daniel Urresti los llegó a comparar con Sendero Luminoso (un símil que bordea la afrenta), porque supuestamente se escudaron en las microfinancieras para cuestionar el congelamiento de deudas.

Lamentablemente, la consecuencia a mediano plazo de tener a un Congreso que está pensando en la campaña del 2021, y a la vez a un presidente con la mente en la próxima encuesta de aprobación, es que nuestro camino a la recuperación económica se hace más complicado. Y los platos rotos no los pagarán los políticos populistas, sino los peruanos de hoy y del futuro.