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Nueve regiones definen hoy a su futuro gobernador. Lo que está en juego no es menor, aun si la mayoría de ciudadanos no ha estado prestando atención. El clima político de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo –con atropellos institucionales groseros del primero– ha acaparado las miradas en las últimas semanas, y eso ha distraído a buena parte de la población de un proceso electoral clave para el futuro de casi un tercio de los habitantes. En los comicios de octubre, ningún aspirante a gobernador en Lima Provincias, Callao, Amazonas, Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Pasco ni Piura logró superar el 30% de votos requerido para evitar el balotaje.

A juzgar por los candidatos en contienda, las elecciones de hoy son un justo reflejo de lo poco que se ha avanzando en institucionalizar la política y limpiarla de elementos potencialmente dañinos. De acuerdo con RPP, los 18 aspirantes acumulan 334 investigaciones fiscales, incluyendo aquellas que se encuentran en archivo preliminar. El caso más grotesco es el de Jaime Rodríguez, quien con 91 carpetas fiscales pretende volver a ocupar el máximo cargo regional en Moquegua. Como se recuerda, en el 2014 Rodríguez confesó en un acto público que él había “robado en carretilla”, a diferencia de quienes habían “robado en volquetadas”. “Pero lo que yo robé lo compartí con ustedes”, matizó entonces.

Rodríguez no es el único. Rosa Vásquez, por ejemplo, es candidata a Lima Provincias por el movimiento Unidad Cívica Lima y ha sido tres veces alcaldesa provincial de Huarochirí. Ella carga con 49 expedientes fiscales a cuestas y registró en su declaración jurada haber cumplido pena suspendida por un año por libramiento indebido o giro de cheque sin fondos. En total, cinco de los 18 candidatos han revelado haber tenido sentencia judicial o algún proceso por imputaciones penales, pero el número total de investigaciones pendientes excede largamente esa cifra.

La pobre oferta electoral no es novedosa. Los partidos políticos nacionales y movimientos regionales han mostrado, nuevamente, un desdén considerable al momento de escoger a sus representantes para las contiendas electorales. No solo por sus nutridas trayectorias en el Ministerio Público, sino también por las competencias profesionales de los postulantes. Los gobiernos regionales tienen a su cargo más del 20% del presupuesto para inversión pública; este año, a poco de cerrar el 2022, su porcentaje de avance va en 54%.

Como reveló un informe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData), del total de candidatos en disputa, la mayoría ha estado afiliado a otras organizaciones políticas y cambió de camiseta para los comicios de hoy. La estrategia es conocida. Ante la orfandad de contenido ideológico o programático en buena parte de partidos y movimientos regionales, así como la ausencia de cualquier indicador de vida partidaria real, estas organizaciones no son más que vehículos de poder que compiten para trepar a su aventura a cualquier personaje conocido o con recursos suficientes para enfrentar con éxito una campaña electoral. Su competencia profesional, antecedentes penales o inclinación ideológica son consideraciones de segundo orden. Lo que importa es su chance de triunfo. Además, en regiones como Cusco, Cajamarca o Moquegua, con cuantiosos recursos provenientes del canon y regalías mineras, el botín resulta especialmente atractivo para quienes deseen robar en volquete o en carretilla.

Con los nueve gobernadores a elegirse hoy, el país completará su ciclo de autoridades subnacionales para el período 2023-2026. Más allá de los vaivenes de la política nacional, son estos alcaldes distritales, provinciales y gobernadores los principales responsables de cerrar la mayoría de brechas de infraestructura y servicios públicos que aquejan a los peruanos.

Los motivos para el optimismo al respecto, sin embargo, son escasos.