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Editorial: Una idea peregrina

Lo peor que podría pasar con la propuesta de Yeni Vilcatoma es que encuentre eco en otras autoridades políticas.

Editorial

Yeni Vilcatoma

La parlamentaria dijo esperar que su denuncia constitucional le brinde una “brillante oportunidad” al fiscal de la Nación para responder a los argumentos que plantea en su acusación. (Foto: Archivo El Comercio)

Esta semana, la parlamentaria Yeni Vilcatoma (no agrupada) solicitó la renuncia del presidente de la República. (Foto: Archivo El Comercio)

Archivo El Comercio

La congresista no agrupada Yeni Vilcatoma hizo noticia esta semana al hacerle una ‘invocación’ al presidente Kuczynski para que renuncie a su cargo y permita que “uno de sus vicepresidentes asuma las riendas del país”. ¿La razón? La relación directa que, según ella, el mandatario tendría “con la empresa Odebrecht y sus operaciones en el tiempo”.

Como se sabe, semanas atrás, trascendió que, en sus declaraciones ante los fiscales peruanos, el máximo representante de esa constructora brasileña, Marcelo Odebrecht, mencionó la posibilidad de haber hecho aportes a la campaña de PPK en el 2011 (en la medida en que se le haya considerado o no como uno de los favoritos de esa contienda electoral) y, sobre todo, que lo contrató como consultor cuando dejó de ser ministro del gobierno de Alejandro Toledo para reparar las relaciones dañadas que había dejado la oposición del hoy presidente al proyecto de la Interoceánica Sur.

En los días posteriores a esa revelación, el jefe de Estado negó ambas cosas, pero luego ha aparecido información –cuya veracidad él también ha objetado– que lo presenta como antiguo socio de la empresa First Capital Partners, que en la época indicada asesoró en efecto a Odebrecht.

La suspicacia que esto y la reiterada negativa del presidente a recibir a la Comisión Lava Jato han generado dio pie, pues, a la demanda de la señora Vilcatoma. “Tiene demasiados cuestionamientos, ya está en caída libre”, diagnosticó ella. Para después agregar: “No puede usar el cargo de mandatario para sustraerse de la acción de la justicia; que baje al llano como cualquier ciudadano”.

Ocurre, no obstante, que su razonamiento no solo ignora la presunción de inocencia y el valor de las protecciones que la Constitución concede a quien ocupa la presidencia, sino que intenta prestarles consistencia argumental a consideraciones tan gaseosas como “ya está en caída libre” (¿caída de dónde?, ¿libre de qué?) o “tiene demasiados cuestionamientos” (como si existiera un número determinado de cuestionamientos a un presidente que, al ser excedido, provocara automáticamente la necesidad de su renuncia).

La idea que la congresista propone, pues, es peregrina por donde se la mire… Y, sin embargo, ha generado reacciones preocupantes en otras autoridades políticas. Por un lado, otra legisladora –la representante por Piura de Fuerza Popular Karla Schaefer– se ha hecho cautamente eco de ella (“si se le comprueban todas las vinculaciones que hoy están saliendo, él debe dar un paso al costado”, ha dicho con respecto al mandatario). Y por otro, el mismo jefe de Estado ha empezado a expresar preocupación por una eventual materialización de la descabellada propuesta. No es otro, sin duda, el objetivo de su advertencia de hace unos días en el sentido de que “no se puede permitir que, por réditos políticos, algunos amenacen esta democracia”.

No parece percatarse el presidente de que una de las principales causas de que la noción de un retiro suyo del poder –sea por la vía de la renuncia o la vacancia– haya empezado a sonar como una posibilidad no tan remota es la poca contundencia de las respuestas oficiales a los datos que progresivamente aparecen sobre su presunta relación con la constructora brasileña. Sin el fomento a esa zona de penumbra que sus desmentidos parciales alientan, las amenazas a la democracia sencillamente no existirían. Y a eso se suma, además, la necesidad de que otorgue mayores explicaciones sobre su declaración de ayer, acerca de la asesoría que prestó en relación al proyecto de irrigación Olmos (según fuentes de Palacio, contratado por First Capital), el mismo que fue adjudicado a un consorcio integrado por dos empresas de Odebrecht.

Más allá de ello, empero, es claro que la institucionalidad y el orden constitucional en el país no pueden ser puestos en jaque por el afán de notoriedad de algún parlamentario o por una resaca mal tramitada de los resultados de la segunda vuelta del año pasado. Las ideas peregrinas no pueden volverse sensatas a fuerza de interés político. Y las autoridades que hemos elegido para que ocupen alguna posición en las distintas instancias de la tarea de gobierno tendrían que ser, más bien, las primeras en colocar las cosas en su debida proporción.

Hay en todo esto ligereza e irresponsabilidad en el Ejecutivo y en la oposición parlamentaria, y ese es el peor ‘paso al costado’ que cualquiera de sus representantes pueda dar.

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