Inseguridad y negligencia

En julio del 2022, la encuestadora Ipsos indagó, por encargo de El Comercio, sobre los problemas más urgentes que debía solucionar el futuro alcalde de Lima, a ser elegido apenas tres meses después. Los resultados fueron contundentes. El 87% respondió que la delincuencia y la inseguridad ciudadana eran lo más apremiante en la capital, muy por encima de asuntos como el tráfico vehicular, el transporte público, la contaminación o la infraestructura. Lo que preocupaba al limeño promedio era bastante claro, así como el mandato que le llegaba al siguiente alcalde.

Pero se sabe que las preferencias democráticas antes de los comicios rara vez se alinean con las acciones reales de las autoridades electas. De otro modo no se explica la desatención que los alcaldes en Lima han dedicado a invertir en el combate a la delincuencia a pesar de haber trascurrido casi medio año desde que tomaron el cargo. De acuerdo con un informe publicado hoy en este Diario, solo 11 de las 42 municipalidades de Lima registran nuevas inversiones para reforzar la seguridad. De hecho, solo cuatro distritos de la capital que acumulan aproximadamente al 5% de su población –Magdalena, Lurín, Chorrillos y Santa María del Mar– adquirieron unidades para reforzar el patrullaje integrado. Visto de manera conjunta, en lo que va del año los municipios de la capital han gastado apenas el 11,8% de su presupuesto para inversión en orden público y seguridad. En 14 de ellos, no se ha invertido un solo sol a pesar de estar ya en junio.

Los problemas llegan también al nivel provincial. En la Municipalidad Metropolitana de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga prometió, por ejemplo, 10.000 motos durante su campaña electoral. Hasta ahora, lo único concreto que se tiene es la promesa de un eventual concurso internacional para la adquisición de 4.000 motos. No hay fecha pactada para la llegada de los vehículos, ni certeza sobre si realmente se cumplirá el ofrecimiento de las 10.000 motos ni sobre si, dicho sea de paso, eso sea lo que necesitamos en estos momentos. El sistema de videovigilancia con inteligencia artificial fue presentado la semana pasada, lo que es positivo, pero aún está pendiente su implementación.

Una ciudad como Lima, con más de 10 millones de habitantes, tiene muchas necesidades. No obstante, es claro que la prioridad ciudadana está en el combate a una delincuencia que ha ido evolucionando desde el crimen común hacia el crimen organizado, cada vez más violento. La semana pasada, por ejemplo, el asesinato a plena luz del día en San Miguel de Rolando de la Peña, un empresario dedicado a la compra y venta de vehículos, se sumó a la larga lista de crímenes que serían el resultado de extorsiones y ajustes de cuentas en la capital. Organizaciones sanguinarias como el Tren de Aragua amenazan con convertir a Lima y a otras ciudades del Perú en un bastión dentro de su circuito internacional.

La respuesta en temas de orden público, por supuesto, no pasa únicamente por las municipalidades, distritales o provinciales. Cualquier esfuerzo serio de seguridad requiere un trabajo coordinado y de inteligencia con la policía y la fiscalía, y cada una de estas dos instituciones enfrenta sus propios problemas. Pero los alcaldes no pueden hacerse de la vista gorda. Los gobiernos subnacionales son la primera línea de combate al crimen y muchos de ellos tienen el presupuesto suficiente para hacer la diferencia. Si los ciudadanos realmente tienen alguna voz sobre las acciones de sus representantes locales, es aquí donde se debe poner más atención antes de que sea demasiado tarde.