Juan no se explica sin Pedro

“Los amigos de Tapusa han mandado un presente para usted”, le dice Zamir Villaverde, el empresario hoy recluido en el penal Ancón I con mandato de prisión preventiva, al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, de acuerdo con la transcripción hecha por el Ministerio Público de un audio entregado por el primero. “Cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, continúa.

El contenido de la conversación, que habría ocurrido el 4 de noviembre pasado, fue hecho público dos días atrás por el canal Willax y deja poco espacio para la interpretación: Villaverde le habría pagado un soborno a Silva de parte de la empresa Tableros y Puentes S.A. (Tapusa), una transacción que tendría relación con el Caso Puente Tarata III. Este, como se recuerda, es materia de una investigación en el Ministerio Público que involucra, entre otros, al ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a dos de los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y a Villaverde.

A pesar de su zafiedad, esta nueva pieza de información es apenas una más en el engranaje que los peruanos hemos comenzado a conocer desde hace tres meses, cuando Karelim López, quien asesoraba a una de las empresas que conformaban el consorcio Puente Tarata, ganador de la licitación (cuyas irregularidades hoy conocemos ampliamente) que da el nombre al caso en mención, se presentara ante la fiscalía para acogerse a un proceso de colaboración eficaz.

Ella ha revelado que existiría una mafia en el Ejecutivo orientada a beneficiar a algunas empresas en licitaciones del Estado a cambio de coimas. La mafia la encabezaría el jefe del Estado y los ministerios en los que habría operado habrían sido el de Transportes y Comunicaciones y el de Vivienda. Silva, como se sabe, fue el titular del primero de ellos y participó en los cuatro gabinetes (los de Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres) a los que ha juramentado el mandatario desde el inicio de su gobierno.

La revelación, además, llega poco después de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, incorporase al presidente Pedro Castillo en una de las investigaciones contra Juan Silva argumentando, entre otros motivos, que un nuevo colaborador eficaz aseguró que el mandatario habría recibido S/30 mil de Villaverde.

Todo lo reseñado hasta aquí ayudaría a despejar una interrogante que planeó alrededor de este Gobierno durante siete meses: ¿por qué el presidente se empecinó en nombrar y sostener durante ese lapso a un ministro como Silva cuyas limitaciones para el cargo quedaron patentes prácticamente desde la primera semana?

Silva, como hemos comentado varias veces en este Diario, no solo no poseía ninguna experiencia en el sector que encabezaba, sino que su gestión se abocó a debilitar la reforma de transportes, socavando la institucionalidad de entidades como la ATU y Sutrán, y claudicando ante los intereses de los transportistas informales. Por lo que su mantenimiento en un puesto al que nunca debió llegar y en el que permaneció a pesar de la frecuente rotación de nombres en el Consejo de Ministros parece haberse debido a que, a ojos del presidente, acumulaba otro tipo de ‘méritos’.

No podemos dejar de mencionar, además, la vergüenza que supone que el Congreso, durante siete meses, no haya censurado al ministro Silva. Si este pudo dirigir el sector Transportes por tanto tiempo fue, en buena cuenta, porque los parlamentarios se lo permitieron.

Pero lo más importante aquí es que Juan Silva no se explica sin Pedro Castillo. Y así como parece improbable que el primero llegara al puesto y se mantuviese incólume en él sin el respaldo que le proveyó el segundo, también parece improbable que el primero haya podido participar en un entramado de corrupción en la cartera que presidía sin el conocimiento del segundo.