Editorial El Comercio

Hace apenas cuatro días observamos el despropósito en el que había incurrido el Gobierno al nombrar ministro de Desarrollo Agrario y Riego al señor Javier Arce, una persona que carecía y carece de las mínimas credenciales para administrar el sector que se le ha encargado. Comentamos, además, que si bien eso habría sido desacertado en cualquier caso, hacerlo a las puertas de una situación de hambre como la que inexorablemente se abatirá en los próximos meses sobre gran parte del mundo (el Perú incluido) era doblemente inaudito. De hecho, mientras la FAO advierte que la situación de inseguridad alimentaria podría llegar a afectar a 15,5 millones de nuestros compatriotas, el presidente no ha tenido mejor idea que repetir que la hambruna e ir adelante con la designación de marras.

Un reportaje emitido por el programa “Cuarto poder” el domingo por la noche, sin embargo, nos ha puesto ante la evidencia de que los problemas que ella conlleva no se limitan a lo ya señalado. El informe, en efecto, ha revelado que, en 1997, Arce fue enviado por el presunto delito de usurpación y que cuenta con 20 denuncias fiscales en diversas partes del país. Cinco de ellas archivadas, pero las otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y contra la fe pública. En alguno de esos casos, adicionalmente, tendría la condición de reo libre, lo que significa que existe un proceso iniciado contra él y que se le han impuesto restricciones (en este caso, la de comparecencia).

Un reportaje distinto, difundido en este caso por el programa “Panorama”, hizo esa misma noche otro destape sobre el actual titular del Midagri, pero asociado más bien a sus funciones como parlamentario andino: , Tania Talía Achata, como técnica en su despacho por siete meses. Durante ese tiempo, ella habría recibido en total S/37.000 como sueldo. Ambos, por otra parte, habrían sido socios en un negocio que Arce dejó justo antes de convertirse en funcionario público.

El ministro, por cierto, a la avalancha de denuncias desde sus redes sociales. Con respecto a su paso por San Jorge, ha aseverado que fue “injustamente detenido por la policía” y que luego el Poder Judicial lo absolvió. Y en lo que concierne a su condición de reo libre, que no tiene impedimento de salida del país… lo que, en realidad, no mejora mucho las cosas.

Sobre el resto de las acusaciones, ha dicho que corresponde a la época en que se desempeñaba como dirigente popular y luchaba “contra el peaje corrupto” y por conseguir agua y titulación. Es decir, ha recitado la letanía de victimización convertida en moneda corriente durante este gobierno. No obstante, como revelamos en nuestra edición de hoy, el señor Arce no informó sobre estos procesos en la declaración jurada de antecedentes que todo ministro debe presentar cuando accede al cargo, por lo que, según expertos, habría incurrido en otro delito más: el de falsedad genérica.

Por último, acerca de la contratación de su sobrina, ha sostenido que era posible porque ella “no está comprendida en el listado de familiares por parentesco sanguíneo”, sin añadir precisiones a propósito de su perfil profesional y su eventual idoneidad para ocupar el puesto al que fue asignada.

En suma, pues, lo que tenemos es un cuadro que hace recordar el de muchos otros nombramientos ministeriales del presidente Castillo, en los que los cuestionamientos morales disputaban primacía con los técnicos. Arce, por lo que se ve, suple la inexperiencia en materia agrícola con un conocimiento directo y abundante de los vericuetos del sistema penal.

Y lo peor de todo es que probablemente nadie en el Ejecutivo esté dispuesto a reconocer que esa circunstancia supone un problema y a hacer los cambios necesarios. Como siempre, dependeremos de los lentos reflejos del Congreso para librarnos de esta nueva afrenta a la ciudadanía y, mientras tanto, la sombra del hambre seguirá avanzando.

Editorial de El Comercio