Editorial: La pobreza del bicentenario

El Perú fue un ejemplo internacional de profunda reducción de pobreza en un periodo relativamente corto. Si hubiera que escoger apenas un indicador social del cual enorgullecerse en las últimas décadas, ese sin duda debería ser la caída en la tasa de pobreza monetaria. En el 2004, casi 60% de la población carecía de lo suficiente para adquirir la canasta básica de consumo (vivienda, alimento, transporte, etc.,). Apenas doce años luego, la tasa había disminuido al 21%. El cambio vertiginoso ha remodelado parcialmente la sociedad peruana en varios aspectos.

No obstante, el ritmo de mejora ha caído sustancialmente en los últimos tiempos. Si entre el 2004 y el 2008 la tasa de pobreza disminuyó nada menos que 21 puntos porcentuales, entre el 2014 y el 2018 lo hizo en apenas 2 puntos porcentuales. Una razón obvia para ello es que los últimos puntos de pobreza son más difíciles de disminuir que los primeros. Por motivos como conectividad, productividad, acceso a mercados, entre otros, levantar por encima de la línea de pobreza a poblaciones cada vez más vulnerables tiene complejidades crecientes.

Pero esa no es toda la historia. La otra razón es que el dinamismo de la economía ya no provee el mismo impulso que antes. Tasas de expansión del PBI cercanas al 3%, como hoy, contribuyen a duras penas a reducir en el número de pobres del país. De acuerdo con una estimación de la Unidad de Análisis Económico de El Comercio, bajo ciertos supuestos razonable, 18,7% de la población sería pobre -equivalente a 6,2 millones de personas- en el 2021. Al bicentenario la República, todavía habría 12 regiones con más de 20% de pobreza. Entre estas, siete superarían la barrera del 30%. Apenas dos regiones tendrían menos de 3% de pobreza.

El ritmo de reducción de pobreza es, pues, insuficiente. En julio del 2016, un recientemente electo presidente Kuczynski planteó que la tasa de pobreza nacional no supere el 10% al 2021. El objetivo está hoy fuera de alcance.

Existen intervenciones públicas directamente orientadas a reducir la pobreza o paliar sus efectos. Entre estas se cuentan, sobre todo, los programas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero también existen políticas relevantes en este sentido desde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación, por ejemplo. Distinguir entre las estrategias de acción para la combatir pobreza rural o la pobreza urbana es clave en estos diseños.

Sin embargo, la acción deliberada y directa del Estado para reducir la pobreza tiene límites claros, enmarcados por sus restricciones de presupuesto, la sostenibilidad de la intervención, y las propias limitaciones institucionales y de capacidad del sector público. El gobierno, huelga decirlo, no puede ni debe eliminar la pobreza a punta de gasto público.

Como lo demuestra el propio caso peruano, la ruta más eficiente de superación de pobreza es el crecimiento económico sostenido. Los mayores ingresos por empleo -hechos posible gracias a las crecientes tasas de inversión privada- han sido, de lejos, el principal factor para lo que en algún momento se le llamó el “milagro peruano”.

En estos momentos de suma tensión nacional, cuando se pone en juego la fortaleza institucional del país en medio de una lucha de poderes, no está demás volver a recordar que la política, finalmente, existe para servir a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Pasada la tormenta, la agenda política eventualmente deberá reencausarse hacia soluciones a problemas del peruano común -donde el combate a la pobreza tiene prioridad-, pues la paciencia ciudadana tiene ya un límite a la vista.