Editorial: La prensa en la mira

Poco menos de dos años después de que el Tribunal Constitucional (TC) declarase inconstitucional la ‘ley Mulder’, el tema de la publicidad estatal vuelve a rondar por el Congreso. Han sido presentados tres proyectos de ley que buscan regularla: dos apuntan a modificar la ley existente (la 28874), mientras que el último propone una nueva fórmula legal.

Al igual que con la ‘ley Mulder’, resulta difícil no ver las nuevas iniciativas como un intento de hostigar políticamente a la prensa, más aún cuando vienen de un Congreso que ha sido sujeto de múltiples cuestionamientos por su comportamiento populista y poco técnico. Uno de los proyectos en cuestión, por ejemplo, proviene de Podemos Perú, agrupación que tiene entre sus miembros a José Luna Morales, quien ha perfilado más de un ataque a los medios que lo critican.

Basta una mirada a cada proyecto de ley para entenderlo así. Los primeros son el 5824 (Acción Popular) y el 5911 (Podemos Perú). El 5824 busca establecer que “las entidades del Estado que contraten con medios de comunicación privados deberán priorizar a aquellos medios que operan en el distrito, provincia [y] región” que cuenten con una programación propia de “hasta no menos de un 50%”. Y que se prohíba la exclusión de los “medios que operan en los distritos, provincias y regiones […] para campañas nacionales […] orientadas a poblaciones de esas jurisdicciones”. El 5911, por su parte, ordena que la pauta publicitaria estatal se distribuya “en no menos de un 50% para los medios de comunicación local y regional que operan con programación propia desde su misma localidad” y propone una prohibición de exclusión similar a la del 5824.

Finalmente, está el proyecto 5840 (Alianza para el Progreso) que, si bien en un artículo alude a “la justificación técnica de la selección de medios de difusión” y hasta enumera la importancia de contratar medios teniendo en cuenta factores como “la programación, el público al que va dirigido, la cobertura, alcance (sintonía, lectoría o rating […]), el cumplimiento de la pauta contratada, y el impacto e incidencia social […]”, luego se encorseta a sí mismo al disponer que “las entidades públicas distribuirán las pautas de la publicidad estatal” de la siguiente manera: 25% a medios educativos, 10% a medios comunitarios y 65% a medios comerciales.

Resulta innegable que tópicos como el que nos ocupa merecen ser evaluados con seriedad: más de un especialista, incluidos los votos minoritarios y mayoritarios de la sentencia del Tribunal Constitucional que se trajo abajo la ‘ley Mulder’, coincide en que la publicidad estatal debe ser regulada mejor. Sin embargo, la oportunidad está lejos de ser la ideal. Estamos en una coyuntura en la que el papel de los medios de comunicación para la difusión de información acertada sobre la pandemia no debería verse amenazado… y contamos con un Parlamento con poco tiempo –y escasa disposición– para estudiar el asunto con calma.

En efecto, ninguno de los proyectos parece preocuparse por explicar cómo así repartir los mensajes publicitarios del Estado a través de un sistema de cuotas va a garantizar que estos lleguen efectivamente a la mayor cantidad posible de ciudadanos. En realidad, los tres proyectos conciben la publicidad estatal como un beneficio para algunos medios privados –asegurando su contratación– cuando los únicos beneficiados que deberían importar son los receptores (definiendo que la distribución ocurra bajo criterios técnicos, como el rating, la lectoría u otros).

Evidentemente, fijar mecanismos legales para asegurar que la publicidad estatal llegue a todos los medios no es lo mismo que garantizar que llegue a todos los ciudadanos. Lo primero se podría convertir, sencillamente, en un antidemocrático y antitécnico sistema de premios y castigos. Sobre esto, el Congreso no debe precipitarse.