Los hombres del presidente

Ayer fue un día que el presidente Pedro Castillo quisiera olvidar. En la mañana, trascendió que las autoridades habían procedido con la detención de seis de sus colaboradores más cercanos en el marco del caso conocido como ‘gabinete en la sombra’. Y, por la tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció que había decidido presentar ante el Congreso una denuncia constitucional en su contra por liderar una presunta organización criminal enquistada en el Estado que, además de los beneficios económicos que habría obtenido, buscaría ahora entorpecer la acción de la justicia.

Sin duda alguna, el segundo hecho es el más grave y el que traerá mayores reverberaciones en las semanas venideras, pues les tocará a los parlamentarios definir el destino de esta acusación contra nada menos que el jefe del Estado. Un acontecimiento sin precedentes en nuestra historia republicana. Con cargo a profundizar en la denuncia de la fiscal próximamente, sin embargo, desde este Diario queremos centrarnos en la primera de las noticias suscitadas ayer: la de las detenciones. No solo porque los pormenores del tema nutren y dan sustento a la decisión de la fiscal, sino porque, de alguna u otra manera, en él están comprendidos todos los otros casos por los que se viene investigando al mandatario y a su entorno.

En buena cuenta, ayer la policía ejecutó las capturas autorizadas en la víspera por el juez Víctor Zúñiga de seis personas: Biberto Castillo (exasesor del despacho presidencial), Salatiel Marrufo (exasesor del Ministerio de Vivienda), Eder Vitón (exasesor del gabinete técnico del mandatario) y los chotanos Alejandro Sánchez (dueño de la célebre casa del pasaje Sarratea), Abel Cabrera y Auner Vásquez (exasesor del Ministerio de Justicia). Ellos, junto con los anteriormente detenidos Bruno Pacheco (exsecretario del despacho presidencial) y Nenil Medina (alcalde de Anguía), los sobrinos Fray Vásquez Castillo (aún prófugo) y Gian Marco Castillo Gómez, y los asesores presidenciales Beder Camacho, Henry Shimabukuro y David Pérez Curi, constituirían un grupo que se encargó de coordinar y llevar a cabo todas las acciones necesarias para colocar gente de confianza en puestos claves, obtener ganancias ilícitas del Estado y obstaculizar el avance de las investigaciones contra sus miembros. Ellos son los hombres del presidente.

La fiscalía ha logrado acopiar evidencia importante sobre las actividades ilícitas del grupo, el mismo que era liderado por el presidente Castillo. Muchas de estas, no obstante, ya las conocemos de alguna u otra manera, como las licitaciones que se cocinaron gracias al famoso Decreto de Urgencia 102 (Caso Anguía), las coordinaciones con congresistas de Acción Popular a los que se les habría permitido nombrar personal de su confianza en entidades del Estado (Caso ‘Los Niños’), o los intentos por desprestigiar a la fiscal de la Nación o desarticular el equipo especial de la policía que coordina el coronel Harvey Colchado (Caso Obstrucción).

Un pasaje que llama poderosamente la atención es el que da cuenta, gracias a los testimonios de dos colaboradores eficaces, de los intentos del Gobierno por proteger a Bruno Pacheco cuando este se encontraba en la clandestinidad. A Pacheco, según ambos delatores, se le entregó dinero mientras se hallaba prófugo para evitar que declare ante las autoridades y hasta se barajó la opción de tramitarle un asilo político en Venezuela para lo que el propio presidente habría llamado a Nicolás Maduro a fin de que este le diera una mano al respecto.

También se detallan los intentos del grupo por borrar evidencia (por ejemplo, se cuenta que Beder Camacho se encargó de desaparecer los celulares de los edecanes del presidente “al advertir de que podrían ser intervenidos”) o por asegurarse la lealtad de los mandos policiales.

En pocas palabras, muchas de las acciones de este grupo descritas por la fiscalía en el auto de detención emulan al de una mafia. Y mientras quienes fueron sus colaboradores más cercanos van cayendo uno detrás de otro y el Ministerio Público impulsa una denuncia constitucional en su contra, el presidente continúa sin dar declaraciones a los medios (ayer no respondió a las preguntas que le hacían medios extranjeros), negándole el acceso a la prensa nacional a Palacio y formulando innecesarias evocaciones a derramamientos de sangre. Hoy es cuando más se necesitan respuestas del mandatario y, sin embargo, cuando más parapetado aparece.