Pastillas para no sobrerregular

Sería ingenuo argumentar que los impulsos controladores de sectores que miran con escepticismo o directa hostilidad a las libertades económicas habían estado extintos durante las últimas tres décadas. Políticos que abogaban por causas como la nacionalización de industrias, los controles de precios, la sustitución de importaciones y la planificación económica pulularon en el Perú aun después del experimento fallido de los años sesenta, setenta y ochenta; pero tuvieron capacidad de acción limitada.

La pandemia, sin embargo, ha probado ser un caldo de cultivo efectivo para ideas que hasta ayer se discutían, más bien, en la periferia política. El último ejemplo de ello son las iniciativas para intervenir en el mercado de medicamentos. Según ha trascendido, el Congreso debatirá un dictamen elaborado por la Comisión de Defensa del Consumidor para tipificar como delito el acaparamiento y especulación de bienes básicos; en particular, de las medicinas. El dictamen recoge los aportes de otros proyectos de ley en el mismo sentido.

La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el Ejecutivo sustentará una propuesta normativa para sancionar estas prácticas en un contexto de emergencia. Indicó entonces que los entes reguladores deben tener un rol mucho más prolijo para sancionar la especulación en el precio de los medicamentos. Cabe señalar que, en una reciente entrevista con este Diario, Ivo Gagliuffi, presidente del Consejo Directivo del Indecopi, recordó que el delito de especulación ya está incluido en el Código Penal y que “existe el riesgo de que una autoridad que se crea competente fije precios, cuando lo considere conveniente, y sin tener en consideración aspectos básicos que estén enfrentando el productor y proveedor”.

Con el Ejecutivo y el Legislativo en sintonía, es muy probable que algún tipo de intervención adicional en el mercado sea aprobado próximamente. A pesar de lo popular de la iniciativa, los problemas con su implementación son diversos. En primer lugar, ¿quién define qué es un precio adecuado? ¿Cómo se ponderan las diferencias en las estructuras de costos de cada lugar del país, la cadena logística para diferentes tamaños de negocio y proveedores, el retorno de la inversión, o tantos otros conceptos que no se pueden evaluar desde la oficina de ningún funcionario público?

En segundo lugar, la historia ha demostrado una y otra vez que las sanciones y controles a la comercialización de cualquier producto desalientan la provisión formal, fomentan escasez e incentivan el mercado negro. Si el significado exacto de ‘acaparamiento’ o ‘especulación’ puede ser interpretado con discrecionalidad por la autoridad de turno, los comerciantes honestos posiblemente opten por dejar de proveer del todo el bien regulado que los podría hacer pasibles de una denuncia penal, lo que dejaría al público en manos de informales que venderán el bien escaso a precios exorbitantes. La historia es repetida. Por eso, los proponentes de estas medidas harían bien en dar algún ejemplo, por lo menos uno del Perú o del exterior, en el que un sistema de controles de precios y sanciones al comercio haya funcionado como ellos esperan que funcione esta vez.

El origen del problema, de hecho, está más en la gestión del Estado que en el funcionamiento del mercado de medicinas. Más del 90% de peruanos están afiliados a un seguro público, sea Essalud o el SIS. Si estos tuvieran un abastecimiento adecuado de medicinas, no existiría necesidad de recurrir a farmacias privadas. Pero antes de reconocer las carencias del sector público y hacerles frente con gestión adecuada, pareciera que funciona mejor impulsar políticas desfasadas y recoger otra ronda de aplausos. El costo lo pagaremos todos.