Sin reconstrucción ni cambios

Cuando el Perú empezó a sumar muchas muertes más que el resto de países de la región a causa del COVID-19, la atención se centró en el paupérrimo sistema de salud nacional. Los casos de hospitales a medio construir o en los que ni siquiera se había puesto el primer ladrillo, a pesar de llevar años de planeamiento, forzaron a que se hable –ahora sí– de una reforma en el sector que haga posible el cierre de brechas para los más vulnerables. Pasada la emergencia, no obstante, la sensación de urgencia cedió, la agenda de prioridades cambió y las reformas prometidas nunca se dieron. El año pasado, el Estado ejecutó aproximadamente dos tercios del presupuesto para inversión en salud. Decenas de hospitales y centros de salud siguen pendientes.

A juzgar por el daño ocasionado como consecuencia de las lluvias de los últimos días, algo no muy distinto habría sucedido luego del fenómeno de El Niño costero (FEN) del 2017. En aquel entonces, ante la conmoción del país por los huaicos e inundaciones, el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su administración prometieron una rápida reconstrucción de la infraestructura dañada y que, además, evitaría nuevas catástrofes. Sin embargo, de forma previsible, con el pasar de los meses la prioridad se perdió y aparecieron en su lugar los problemas de la gestión pública: improvisación, desidia, ineficiencia y corrupción.

De acuerdo con un reporte de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (ECData), publicado ayer con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los sistemas de drenaje pluvial diseñados para enfrentar el tipo de eventos que se dieron en el norte del país están recién en etapa inicial, y su construcción tardaría por lo menos cuatro años más. Según el informe, trascurridos ya seis años desde el FEN, se han invertido apenas S/113 millones de los S/2.866 millones previstos, o menos del 5% de lo presupuestado en las principales ciudades de la zona. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), de hecho, adjudicó los contratos para el diseño de estas obras hace menos de un año a través del acuerdo gobierno a gobierno (G2G) con el Reino Unido. Según la actual directora ejecutiva de la ARCC, Rosmary Cornejo, “la cartera de soluciones integrales tiene un avance del 9%, esto es la gestión de ríos, y del 1% en lo que es drenajes”.

Si bien se logró ganar velocidad con la transferencia de mayores competencias a la ARCC (asumió un rol ejecutor recién en el 2020), los problemas de fondo subsisten a través del aparato público. Para hacerles frente, un paso en la dirección correcta sería la creación de unidades autónomas descentralizadas –que respondan al MEF o al Gobierno Central– con capacidad para intervenir directamente en las regiones con expedientes estandarizados y utilizando mecanismos modernos de contratación y supervisión, como los que se manejan en los convenios G2G. Esta es una batalla no solo técnica sino política, pero que vale la pena dar.

Por si fuera necesario repetirlo, con la evidente vulnerabilidad de varias ciudades ante eventos climáticos recurrentes, ha quedado nuevamente demostrado que el actual sistema de asignación de funciones hacia los gobiernos regionales y municipalidades no responde al interés de los ciudadanos. No funcionó hace tres años para proteger la salud de los habitantes con hospitales adecuados y operativos cuando se necesitaron con urgencia, y ahora tampoco para mitigar el impacto pluvial. Y si esa es la realidad de la inversión pública descentralizada desde hace dos décadas, ¿qué nos hace pensar que ahora sí será diferente sin cambios de fondo?