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Editorial: Tigres y planes de papel

En la reforma laboral, el gobierno debe priorizar los intereses de la mayoría de los trabajadores.

Editorial

Informalidad

La inoperancia e inefectividad de décadas del CNT para generar empleo adecuado es resultado, en parte, de un diseño institucional que da voz titular a actores secundarios. (Foto: USI)

Las grandes reformas son difíciles porque casi siempre hay algún grupo organizado que se beneficia de la actual situación y presiona para evitar el cambio.

En el caso del mercado de trabajo, son sin duda las centrales sindicales las que ejercen la función de guardianes del statu quo. Su actuación en el marco del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) ilustra claramente lo que ha sido su labor de defensa de un modelo, a todas luces, disfuncional y excluyente.

Como se recuerda, lo esbozado en diciembre pasado en la Política Nacional de Competitividad y Productividad –insumo principal para la elaboración del PNCP– era ya una versión diluida, con un diagnóstico menos severo sobre las rigideces del mercado laboral, de lo prepublicado meses atrás.

Esta capitulación temprana del gobierno ante los intereses sindicales, no obstante, fue insuficiente. A pesar de que la política de competitividad era apenas un tímido avance en materia laboral, hace unos días la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Confederación Única de Trabajadores (CUT) indicaron que suspendían su participación en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) –instancia donde se debaten las propuestas del sector– mientras no se derogue la política de competitividad propuesta. Según las centrales de trabajadores, se debería retirar el capítulo laboral de la Política Nacional de Competitividad a través de un decreto supremo para que este pase a discutirse en el CNT.

El pedido de los sindicatos es difícil de justificar. En una política de competitividad que incluye los grandes temas del país como educación, infraestructura, medio ambiente o institucionalidad, ¿por qué debería excluirse al aspecto laboral? Esta política, además, recibió comentarios de diversos actores mientras estuvo disponible la prepublicación. Una posible explicación para la actitud de la CGTP y la CUT es que, frente a un debate en el que la evidencia debería primar sobre el discurso para la tribuna, su posición se debilita. Después de todo, un arreglo institucional que otorga hasta 59% de sobrecostos laborales y la imposibilidad práctica de despido para menos de un tercio de la población laboral, mientras excluye a la gran mayoría de cualquier beneficio o protección, es económica y moralmente indefendible.

Por supuesto, el error aquí es arrogar la representación de todos los trabajadores del Perú a sindicatos que no alcanzan ni al 2% de la PEA. Los informales, aquella mayoría desprotegida y desorganizada para quienes se debería estar pensado la regulación laboral, paradójicamente no pueden ejercer el mismo nivel de presión política que las minoritarias pero organizadas centrales sindicales que, en vista de sus afiliados, no representan ni a uno de cada 15 formales. La inoperancia e inefectividad de décadas del CNT para generar empleo adecuado es resultado, en parte, de un diseño institucional que da voz titular a actores secundarios. Y es en ese marco distorsionado que exigen la CGTP y la CUT que se debatan las reformas pro competitividad.

Frente a esta obvia debilidad en representación, ¿por qué cede entonces el gobierno cuando, a través del primer ministro César Villanueva y de la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, anuncia que se harán reformas, pero “siempre que no opere el recorte de los derechos de los trabajadores”? ¿De qué reformas estructurales podría estar hablando el Ejecutivo si no se quieren debatir los asuntos sustanciales que son causa de la informalidad?

Con esta actitud, el resultado eventual parece obvio: a pesar de las buenas intenciones iniciales, el gobierno querrá evitar cualquier costo político involucrado en una reforma laboral que cause polémica. Pero si no puede enfrentarse políticamente a tigres de papel como las centrales sindicales, ¿cómo se enfrentará a otros grupos más poderosos y representativos? Ese capítulo, de momento, no aparece en el plan de competitividad.

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