Una asolapada xenofobia

La crisis del COVID-19 ha cogido a mucha gente lejos de su país de origen y permitir que, tomando las medidas de seguridad pertinentes, esta regrese a su hogar es lo humano y lo razonable. Así como los peruanos queremos que aquellos compatriotas a los que esta crisis sorprendió mientras estaban fuera del territorio nacional por razones de viaje, trabajo o estudio puedan volver al lado de los suyos, los extranjeros que han quedado varados aquí y sus familiares aspiran a lo propio.

Eso, sin embargo, es muy distinto que “repatriar” forzosamente a personas que están en nuestro país por razones de otra naturaleza, como plantea un proyecto de ley presentado hace tres días por el congresista Jim Alí Mamani Barriga, de Unión por el Perú (UPP), con la firma de otros seis integrantes de su bancada.

La iniciativa declara en su primer artículo que tiene por objeto “dictar medidas para la repatriación de ciudadanos extranjeros afectados por la emergencia sanitaria generada como consecuencia del coronavirus (COVID-19)”, lo que daría la impresión de calzar con los fines generales de los que hablábamos líneas arriba.

En el segundo artículo, no obstante, salta la liebre. Se propone, concretamente, una modificación del decreto legislativo de migraciones para que la repatriación dispuesta alcance a “los ciudadanos extranjeros que cuenten con calidad migratoria de residencia humanitaria, o con permiso temporal de permanencia –PTP o acta de permiso de trabajo extraordinario– provisional, cuya salud se encuentre expuesta a riesgos, o dicho riesgo se pueda trasladar a otras personas”. Y por si con eso no quedase claro a qué población podrían estar refiriéndose, en la exposición de motivos se citan, a manera de ejemplo sobre los trances que afectan a los ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, unas declaraciones del presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, al diario “Correo”.

En ellas, Pérez señala que los venezolanos migrados al Perú “trabajan a diario en pequeños negocios o de manera independiente”, de donde el legislador deriva lógicamente que cada día sin trabajar los afecta sobremanera y que requieren que se apliquen mecanismos internos o a través de la cooperación internacional para ayudarlos.

Lo que queda sugerido, pues, es que en una circunstancia de apremio como la actual, no podemos estar distrayendo recursos para atender a los individuos de una comunidad extranjera en necesidad y que, por lo tanto, habría que despacharlos de regreso a su patria para que sus propios Estados o gobiernos se hagan cargo de ellos.

Como se sabe, la mayoría de los venezolanos llegados a nuestro país en los últimos años y con PTP vinieron huyendo del hambre y la tiranía a los que los tenía sometidos el chavismo. Y si mandarlos de vuelta a su tierra ya habría sido cruel y poco solidario antes de esta crisis, hacerlo ahora sería, en muchos casos, condenarlos a la enfermedad y eventualmente a la muerte.

Pero ejercer la xenofobia contra ellos es, tristemente, popular en algunos sectores de la ciudadanía. Ya vimos ejemplos de ello en la última campaña municipal y hasta de parte del actual ministro del Interior, que hace no mucho propuso una curiosa brigada especializada en crímenes cometidos por foráneos.

El parlamentario Mamani pertenece, por lo demás, al conglomerado “antaurista” que existe dentro de la bancada de UPP y la impronta racista en el discurso de su líder es de todos conocida.

Estamos, en suma, ante un exabrupto que recuerda la ojeriza de los regímenes fascistas europeos de la primera mitad del siglo pasado hacia ciertas comunidades y razas. Una asolapada xenofobia contrabandeada como medida de emergencia por el coronavirus que merece no solamente ser descartada por el nuevo Congreso, sino rechazada por todos los peruanos que queremos vivir en una sociedad en la que esos gestos de barbarie no tengan cabida.

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