Una destitución en cámara lenta

Como muchas otras cosas en este gobierno, la palabra de sus integrantes ha quedado tan devaluada que hasta que un anuncio no se dé por oficializado siempre cabe la posibilidad de que sea enmendado. Y aun cuando termina por concretarse, el tiempo que se toman –especialmente el presidente Pedro Castillo– para esta labor resulta sencillamente incomprensible.

En agosto del año pasado, cuando esta administración llevaba un mes de inaugurada, por ejemplo, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció en una entrevista con el medio digital Sudaca.pe que le había “pedido” la renuncia al entonces titular de Trabajo, Iber Maraví, cuyo nombre ya había sido identificado en atestados policiales sobre atentados perpetrados por Sendero Luminoso unas décadas atrás. Solo para que unas horas después el propio Maraví descartara haber dimitido a un cargo en el que se mantendría durante un mes más. Y lo mismo ocurrió a inicios de agosto de este año, cuando el aún jefe del Gabinete, Aníbal Torres, puso su cargo a disposición en una carta colgada en su cuenta de Twitter y dos días después, a través de la misma red social, el presidente notificaba que no aceptaba su retiro.

El domingo, como sabemos, el jefe del Estado comunicó a través de sus redes sociales que había decidido “dar por concluidas” las funciones del ministro de Salud, Jorge López Peña. Las circunstancias en las que se dio este anuncio no podían ser más graves. Minutos antes, el dominical “Punto final” había emitido dos reportajes en los que informaba sobre cómo una serie de depósitos sospechosos realizados por seis trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) y de un empresario que hace negocios con el sector a la cuenta de la madre de los hijos de López habían terminado en la adquisición de un departamento en Lima. Según el mandatario, su decisión de prescindir de López buscaba “demostrar absoluta transparencia en mi gobierno” y aun cuando esta no guardaba coherencia con su comportamiento habitualmente incapaz de apartar a los malos elementos de su administración, resultaba saludable.

En los últimos días la situación del ministro López no ha mejorado. El Ministerio Público decidió abrirle una investigación preliminar por 60 días por el presunto delito de enriquecimiento ilícito al que, según especialistas consultados por este Diario, podrían sumárseles otros cargos. El martes, además, el equipo especial de fiscales que vienen investigando la corrupción en el poder obtuvo una resolución del Poder Judicial para incautar el inmueble adquirido por la expareja del ministro.

A pesar de todo, sin embargo, la salida de López Peña del Minsa todavía no ha sido oficializada a cuatro días de que el mandatario la anunciara. Incluso, como han informado varios medios, todavía se lo puede ver participando en actos oficiales del ministerio. Lo que parece configurar un nuevo caso de destitución en cámara lenta de este gobierno.

Por lo demás, no conviene perder de vista que el Minsa es uno de los ministerios entregados por el Gobierno a Perú Libre, por lo que la permanencia de López Peña –hombre de confianza de Vladimir Cerrón– o su reemplazo por alguien cercano al ex gobernador regional de Junín no es un dato menor. Además de ello, tal y como informa este Diario en su edición de hoy, otros seis altos funcionarios del sector Salud son cercanos al fundador del partido del lápiz.

Cabe la posibilidad, ciertamente, de que el presidente y el jefe del Gabinete todavía no hayan encontrado un reemplazo para López Peña. Pero también de que el mandatario esté sopesando su decisión inicial. Lo que sería, de más está decirlo, un error (pues las condiciones que propiciaron su salida en un primer momento no han cambiado un ápice), pero nada raro viniendo de un gobierno que, como en tantos otros ámbitos, ya nos tiene acostumbrados a los deslices. Todo esto, mientras el sector Salud sigue a la deriva en el Perú.