La disminución de las operaciones contra la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata (Madre de Dios), creada para proteger la flora y fauna de uno de los lugares de mayor biodiversidad en el mundo, ha permitido un incremento alarmante de la deforestación del lugar en los últimos meses. Imágenes satelitales captadas por Conservación Amazónica (ACCA) —y reveladas el domingo en la portada de este Diario— revelan que, solo entre enero y febrero de este año, 69 hectáreas de bosque fueron deforestadas por los extractores ilegales de oro. Una cifra que aumenta a 500 si el período a considerar comprende también el segundo semestre del año pasado. El área destruida equivale a 100 estadios nacionales.
Lo cierto es que la situación era ya mala hace una década o más, pero lo que ocurre ahora no tiene parangón. Las imágenes satelitales han mostrado también que principalmente en las zonas aledañas al río Malinowski —que marca uno de los límites de la Reserva Nacional— operan 183 balsas tipo tracas y dragas, utilizadas para remover y succionar grandes volúmenes de tierra con agua en busca del oro y causantes de una alta contaminación. Cerca de las infraestructuras mineras, se han identificado, además, 67 campamentos, lo que indica que actualmente habría no menos de 1.000 mineros ilegales deforestando el lugar. Tales campamentos, como se sabe, son adicionalmente habituales focos de trata de personas y violencia.
Si bien entre el 2017 y 2018, y luego en el 2021 (tras el receso al que obligó el COVID-19), se llevaron a cabo en la reserva importantes operaciones y patrullajes permanentes que lograron disminuir significativamente el problema, en los años siguientes los esfuerzos del Ejército y la Policía Nacional se hicieron menos frecuentes y el fenómeno se desbordó. Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación, grafica la dramática situación así: “Solo hay un grupo de 12 personas en un bote enfrentados diariamente a mil mineros ilegales”.
Al repliegue de la autoridad y las fuerzas del orden, se han sumado por otra parte el estímulo de los altos precios del oro y, sobre todo, una actitud cómplice por parte de diversos sectores del Congreso, dispuestos a extender el Reinfo —parapeto de la criminal actividad que describimos— una y otra vez. Esa complicidad legislativa con la minería ilegal e informal tiene, según el especialista en hidrocarburos Iván Arenas, un máximo representante: el aún congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez, quien ha sido y continúa siendo uno de los mayores aliados de esta actividad en el Legislativo y particularmente en la Comisión de Energía y Minas. Piense bien su voto si le indigna que la deforestación siga su avance incontrolable.
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