Si el Estado Peruano quiere repotenciarse y ganar eficiencia en los próximos años, va a necesitar toda la ayuda que pueda conseguir. Y entre los grupos que mayor interés deberían tener en contar con un sector público efectivo está el empresarial.
Sin embargo, de acuerdo con un trabajo de Capitalismo Consciente, el Centro Wiñaq y Datum publicado ayer en este Diario, dos de cada tres empresarios señalan que no participan ni han participado en política bajo ningún supuesto. En otras palabras, solo uno de cada tres se ha involucrado con iniciativas académicas, ‘think tanks’, gremios o el debate de ideas.
Se requiere hacer más. Nadie duda de que el rol central del empresariado es generar riqueza, creando en el proceso empleos, tributos, y bienes y servicios útiles para la sociedad. Esa es su razón de ser. Sin embargo, es también innegable que ninguna empresa puede florecer en un ecosistema disfuncional. Para ser exitosas, las iniciativas privadas necesitan infraestructura pública decente, capital humano adecuado, marcos regulatorios predecibles, seguridad y justicia garantizadas, entre otros asuntos básicos que solo un Estado funcional puede brindar. En esa medida, darles la espalda al fortalecimiento del debate democrático y la mejora de las políticas públicas es dispararse al pie. No es filantropía o responsabilidad social; es sentido común de autopreservación.
La reflexión se hace especialmente relevante en un contexto de amplia debilidad política y gubernamental. Liderazgos políticos precarios y equipos burocráticos poco efectivos dejan la cancha servida para radicales y populistas en cada elección. Al mismo tiempo, el avance de las economías informales e ilegales –algunas de las que sí hacen política e invierten considerablemente en ello– gana el favor de las autoridades a vista y paciencia del mundo formal.
El sector privado no puede quedarse de brazos cruzados. Un camino necesario es participar en la provisión de servicios públicos en todo lo que sea posible. Vía asociaciones público-privadas (APP) bien diseñadas, por ejemplo, ambos sectores se pueden apoyar mutuamente en garantizar acceso adecuado a educación, salud, transporte, seguridad, etc. El otro camino complementario es colaborar con la formación de la clase política y en el debate de ideas para mejores políticas públicas. Excesos de la fiscalía en años recientes han minado el ánimo de empresarios de participar en política, aun si lo hacen de forma legal, pero las rutas para participar legítimamente son muchas y necesarias. Y si algunos piensan que es muy costoso involucrarse, con seguridad el costo de no hacerlo será aún mayor.
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