La palabra ‘repartición’ se refiere siempre a la distribución de algo. El vocablo ‘reparto’, en cambio, si bien puede a veces tener ese mismo sentido, en otros contextos alude a una noción ligeramente distinta. En el teatro o en el cine, por ejemplo, es una forma de designar el encargo de determinados papeles o roles a determinados actores o individuos. En estos días en que las presidencias de las comisiones congresales para este último año de gestión parlamentaria de la actual representación nacional están por definirse, los dos conceptos tienden a confundirse.
La titularidad de esos grupos de trabajo se reparte desde luego guardando una proporción derivada del peso de cada bancada en el pleno, pero bajo las formas de ese ejercicio se produce una operación más delicada: la de establecer qué legisladores tendrán el manejo de qué comisiones. Y si bien todas ellas son importantes, hay algunas que lo son de manera extrema y por lo tanto no deberían ser puestas en manos de quien no asegure una administración razonable. Quien preside una comisión tiene una capacidad de decisión fundamental en lo que concierne a la agenda por discutir y a lo que procede o no decidir en ese ámbito. El modo en que el parlamentario Paul Gutiérrez condujo durante estos 12 meses la Comisión de Energía y Minas, favoreciendo descaradamente a la minería informal e ilegal y promoviendo la extensión del Reinfo, ilustra de manera cabal el problema al que nos referimos…
¿Cuáles son las comisiones respecto de las que se debería tener un especial cuidado? Pues ciertamente la de Constitución, que tendrá bajo su responsabilidad la fijación de las reglas de la bicameralidad que regirá a partir del 28 de julio del 2026; la de Presupuesto, que está habitualmente asediada por pedidos de congresistas y bancadas que quieren utilizarla como instrumento de campaña; la de Economía, donde podrían aprobarse medidas gravemente populistas, como el enésimo retiro de fondos de las AFP que persiguen diversos sectores; y, por último, la ya mencionada de Energía y Minas, pues ahí se librará la batalla contra los representantes embozados de la minería ilegal en el Legislativo.
Por lo que se sabe, Constitución permanecerá en poder de Fuerza Popular, bancada que recibirá en esta oportunidad también Economía. Presupuesto será encargada a Alianza para el Progreso. Y Energía y Minas irá a manos de Juntos por el Perú-Bloque Magisterial-Voces del Pueblo. Falta ver, por supuesto, qué congresistas de esas bancadas serán específicamente los designados, pero hasta ahora el proceso se parece más a una repartición que a la correcta administración de un reparto.
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