Editorial: El rescate de La Pampa

Por años, la minería ilegal en el Perú ha significado tanto una amenaza ambiental como una tragedia social. Los campamentos, además de albergar a los artífices de la depredación de nuestros bosques, han sido escenarios propicios para la trata de personas, la explotación sexual y el trabajo forzoso, y el negocio ha venido sosteniendo vínculos estrechos con el sicariato, el narcotráfico y, por supuesto, con la corrupción. La situación, asimismo, se hace peor si se toma en cuenta que los esfuerzos para darle solución a este trance han venido desembocando más en decepciones que en resultados.

No obstante, las cosas parecen haber empezado a tomar un rumbo distinto. El martes, un aproximado de 1.500 agentes policiales y militares ingresó a La Pampa en Madre de Dios –la zona situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica que ha sido diezmada por la minería ilegal– como parte de una megaoperación denominada Mercurio. Su objetivo: erradicar esta actividad y llevar a cabo acciones de desalojo de los comerciantes ubicados entre los kilómetros 106 y 108 de la mencionada carretera, que se desempeñan como el brazo logístico de la minería ilegal. El operativo es el primer paso en un plan multisectorial del Ejecutivo para recuperar la zona.

El plan congrega seis grupos de trabajo, que constituyen la Comisión Multisectorial Permanente encargada del seguimiento de las acciones del gobierno frente a la minería ilegal y el proceso de formalización y que están compuestos, entre otros actores, por representantes de 13 ministerios, la Fiscalía de la Nación y la Sunat. El objetivo final, además de lidiar con la minería ilegal, es desalojar a los comerciantes, trasladar a las familias y poblaciones vulnerables a refugios temporales, instalar una base militar para evitar el retorno de los mineros y formalizar la minería artesanal de la zona.

Proyectos ambiciosos como este suponen un cambio significativo de actitud que, de sostenerse, podría alterar drásticamente el estatus de la minería ilegal en nuestro país y por ello merece ser celebrado. Especialmente cuando el camino esbozado es uno de largo aliento y que, como hemos mencionado, comprende múltiples sectores del Estado. Esta última circunstancia evidencia que, a diferencia de gobiernos anteriores que se concentraron en conducir interdicciones, el actual ha aceptado que el problema va más allá y que la solución debe trascender a simplemente evitar la extracción ilícita de minerales.

Solo ayer, por ejemplo, El Comercio informó que 44 mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y laboral fueron rescatadas por las autoridades en La Pampa. Si a esto se suma el hecho de que se han encontrado fosas clandestinas con restos óseos carbonizados y las más de 1.658 hectáreas de bosque arrasadas por los mineros ilegales (solo entre enero del 2017 y octubre del año pasado), la envergadura del problema queda meridianamente clara.

Con todo esto en mente, el gobierno ahora tiene la obligación de velar por que los objetivos trazados se cumplan. Las primeras acciones son saludables pero mal haría el Estado en permitir que el ímpetu que hoy ostenta se desinfle por el desánimo que podrían traer dificultades venideras. La diligencia y la perseverancia serán ingredientes fundamentales y los ciudadanos de Madre de Dios no merecen otra decepción.

Cabe rescatar, finalmente, las declaraciones que brindó a este Diario la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz, quien se refirió al problema en cuestión como uno que representaba “todos los males del país”. Y es cierto: la minería ilegal, y todos los males que trae y que asolan a tantas personas, encarna todo aquello que los peruanos queremos ver desaparecer. En ese sentido, cualquier victoria que el gobierno obtenga en esta batalla pasará a ser un ejemplo de lo que podemos lograr como país y dependerá de él no echarlo a perder.