A dos años de una infamia

Un día como hoy, hace dos años, la democracia peruana tambaleó al borde del abismo. Minutos antes del mediodía, el entonces presidente Pedro Castillo pronunció un mensaje en televisión nacional en el que decretaba, entre otras cosas, la disolución del Congreso, la intervención del sistema judicial y el establecimiento de un gobierno de excepción. Lo hizo para evitar que el Parlamento votara una moción de vacancia en su contra por graves indicios de corrupción. Afortunadamente, la intentona duró poco. Dos horas después, 101 congresistas habían aprobado su destitución y el golpista había sido detenido mientras se desplazaba a la Embajada de México.

Desde entonces, se inició una furiosa campaña para dar un segundo golpe: a la verdad. Los simpatizantes de Castillo llevan dos años tratando de vender el cuento de que la orden de desmantelar la democracia dictada por su líder nunca existió porque no se llevó a cabo y, por consiguiente, él vendría a ser un “presidente secuestrado”. El propio Castillo repitió esta mentira ayer en sus redes sociales, en un mensaje en el que además refrendó la tesis absurda de que es víctima de un “golpe perpetrado por la ultraderecha”.

Por supuesto, les corresponde a quienes creen en la democracia por encima de sus simpatías políticas defender ante la historia la veracidad de lo ocurrido aquel 7 de diciembre del 2022. Asimismo, es clave el papel que desempeñará el Estado de derecho, que, así como encontró la manera de neutralizar el peligro dictatorial en aquella jornada, tiene ahora la responsabilidad de establecer las sanciones penales para los responsables del zarpazo.

Como sabemos, el mes pasado el Poder Judicial autorizó el enjuiciamiento contra Castillo, los exministros Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, y tres policías por el delito de rebelión. El Ministerio Público ha recabado más de 90 pruebas, 40 testigos y dos peritos para sustentar su acusación, y se estima que el juicio empiece muy pronto. Se trata, qué duda cabe, de un proceso que será emblemático para el país. No solo porque ahondará en los detalles de aquel día, sino porque su resolución debería servir como advertencia para todos aquellos que creen que pueden destruir la democracia peruana sin sufrir ninguna consecuencia.

Y, más allá del Poder Judicial, existe otra dimensión del gobierno de Pedro Castillo que no será auscultada en una audiencia, pero que el país no debe olvidar: el de una administración que se encargó de dividir al país, de sembrar el odio y la inquina, y de regar de desconfianza las instituciones para que su proyecto encontrase tierra fértil.