A menos de un mes de plantear la creación de una comisión parlamentaria que fiscalice el trabajo de jueces y fiscales, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre) vuelve al ataque. La semana pasada presentó un proyecto para reformar los artículos 96 y 154 de la Constitución que ha generado preocupación entre los especialistas.
En pocas palabras, Cerrón propone dos modificaciones constitucionales. La primera, para que los congresistas puedan pedir información a jueces, fiscales, magistrados del Tribunal Constitucional y policías sobre el estado de las investigaciones y procesos a su cargo. Y la segunda, para reducir los plazos en los que la JNJ debe evaluar el desempeño de jueces y fiscales (hoy lo hace cada tres años y medio; se propone que sea cada 18 meses) y ratificarlos (hoy se hace cada siete años y se plantea que sea cada tres).
En la exposición de motivos de su proyecto, el legislador Cerrón menciona la alta desaprobación que registran el Poder Judicial y el Ministerio Público –algo bastante cínico, por decir lo menos, considerando que la aprobación del Congreso está por los suelos– y de la facultad fiscalizadora del Parlamento para argumentar sobre la necesidad de su propuesta. Pura palabrería que busca maquillar las verdaderas intenciones detrás de su planteamiento.
Por un lado, en un hemiciclo habitado por procesados en el Ministerio Público, no hay que pensar mucho para darse cuenta de lo riesgoso que sería otorgarles a los parlamentarios la facultad de acceder al estado de las investigaciones y a otros procesos de esa naturaleza (como, por ejemplo, los acuerdos de colaboración eficaz). Pero los riesgos no acaban allí. Como ha advertido el exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, los parlamentarios podrían tener acceso a información que les sirva para atacar a sus opositores. Además de que se vulneraría el derecho a la reserva que le asiste a todo investigado. Por otro lado, el cambio de los plazos para evaluar y ratificar a jueces y fiscales parece un enésimo intento por complicar el desempeño de estos funcionarios.
Como ha informado este Diario, desde que Vladimir Cerrón, el hermano de Waldemar, está prófugo por una condena por corrupción –hace casi un año–, el segundo vicepresidente del Congreso ha presentado al menos 14 proyectos de ley que apuntan a debilitar el sistema de justicia. Un nada soterrado uso del cargo para beneficio propio, y una ofensiva contra los órganos jurisdiccionales que no debería pasar desapercibida.
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