Editorial: Siete días de arbitrariedad

‘Arbitrario’ es un adjetivo comúnmente utilizado en el Perú. A grandes rasgos, indica una acción motivada por el capricho antes que por la ley o la razón. Al ser este un país donde las normas están supeditadas, con mucha frecuencia, a los deseos individuales, lo ‘arbitrario’ constituye más una regla que la excepción.

Esta semana nuestros políticos han dado muestras claras de arbitrariedad. Y, con ello, han develado que, cuando de ver cumplidos sus anhelos se trata, las formas institucionales pueden ser un enojoso trámite pasible de ignorar sin el menor escrúpulo.

En primer lugar, el jefe del Estado. Como comentamos ayer en este espacio, el lunes el presidente Martín Vizcarra anunció que se opondrá a una de las cuatro reformas que se votarán en el referéndum del próximo diciembre: la de bicameralidad. Según dijo, su abrupto cambio se debía a que, al modificarse algunos aspectos del documento original durante el trámite parlamentario, la iniciativa había sido “desnaturalizada”. Lo más extraño, no obstante, fue que solo días atrás el mandatario había afirmado que los cambios que habían realizado los congresistas no constituían modificaciones “de fondo” y que las aceptaba. ¿Cómo explicar un viraje tan notable en tan poco tiempo? Parece que, en realidad, el presidente estuviera tratando de inaugurar una nueva confrontación para obtener algunos puntos de respaldo ciudadano. El problema es que, al hacerlo, también ha creado un flanco para sus dos ministros que apoyaron la ley tal como se aprobó en el pleno –Vicente Zeballos y César Villanueva–. No en balde, ya se oyen voces pidiendo interpelaciones para ambos. Un frente de ataque que, sin tanta dificultad, pudo haberse evitado.

El Congreso tampoco se ha quedado atrás. El miércoles, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar –gracias al voto mayoritario de los legisladores de Fuerza Popular (FP)– las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y contra el congresista de FP, Héctor Becerril. Por más que los fujimoristas apelen a la coartada de que los informes no estaban bien sustentados, la realidad es que han terminado transmitiendo una sensación de querer proteger a posibles y claros aliados políticos, respectivamente (una práctica en la que los legisladores naranjas han mostrado ser bastante recurrentes, como quedó claro con las denuncias que afrontaron sus correligionarios en la Comisión de Ética).

El caso de Chávarry es particularmente preocupante. Como se sabe, su continuidad a cargo del Ministerio Público ha sido puesta en duda por exhibir conductas incompatibles con la investidura que ostenta: desde usar la institución para amenazar al presidente Vizcarra, hasta ser incluido por la propia fiscalía en una investigación por crimen organizado, pasando por sus mentiras sobre su relación con el defenestrado juez César Hinostroza y demás cuestionamientos internos. Una situación que se agrava, además, con la remoción abrupta de la fiscal Erika Delgado, mientras trabajaba en investigaciones relacionadas con el Caso Lava Jato.

El jueves, además, el Congreso aprobó –en menos de 48 horas– un proyecto de ley para beneficiar a los presos mayores de edad con prisión domiciliaria. Si bien los argumentos para empujar dicha iniciativa están edulcorados de un tinte humanitario, el canal ‘express’ que siguió para su promulgación –exceptuado del debate en las comisiones y exonerado de una segunda votación en el pleno– y el hecho de que se presentara días después de la anulación del indulto al ex presidente Alberto Fujimori dejan entrever que el objetivo que persigue es uno solo: evitar, imponiendo la mayoría parlamentaria, el reingreso del ex mandatario a prisión, como lo ha establecido el Poder Judicial.

Finalmente, esa misma noche, la bancada aprista presentó una iniciativa para retirar las reformas de bicameralidad y no reelección de congresistas del referéndum ya convocado. Según el texto, el cambio de postura del presidente sobre el primer punto constituiría un “engaño” a los legisladores. La prohibición de la reelección, curiosamente, no se mencionaba. Pero de manera insólita, un día después, decidieron dar marcha atrás alegando que habían incluido la no reelección “por error”. Más que un descuido, el gesto parece haber intentado aprovechar las idas y vueltas del mandatario para entorpecer un proceso que podría serles poco favorable y, de paso, azuzar la confrontación con el Ejecutivo. Recordemos, si no, al legislador Mauricio Mulder que hace unos días retó a Vizcarra a que cierre el Congreso.

Todo esto en medio de anuncios de recolección de adhesiones para interpelar a los ministros Zeballos y Villanueva, y para remover al presidente del Congreso, Daniel Salaverry.

En momentos de crisis política, harían bien nuestros políticos en recordar que los objetivos particulares no se erigen nunca por sobre el bienestar del país. De lo contrario, es posible que la próxima vez que toque ir a las urnas sus días de arbitrariedad se tornen en años de soledad.