Una situación límite

El Tribunal Constitucional (TC) ha pasado a tomar las riendas del manejo de la crisis que enfrenta a los poderes del Estado. En lo inmediato, deberá resolver si una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima desacató una de sus sentencias al detener el trámite de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Aunque el Congreso está habilitado para ello, el Poder Judicial examinará, durante la suspensión, una alegada violación de derechos.

En otro proceso, el TC definirá los límites de la JNJ para controlar los cambios de funcionarios realizados por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. A estas alturas, ya importa menos el sentido de los veredictos que el hecho de que las principales controversias se aproximan a un desenlace. El conflicto se desborda como un huaico. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, continúa haciendo activismo en contra de una disposición del TC que es cosa juzgada: la de que ninguna autoridad está libre de control. El fiscal José Domingo Pérez ha desafiado a la jerarquía del Ministerio Público con graves acusaciones contra su jefa. Tan delicadas que tras una investigación debiera ocurrir una de dos cosas: o se va ella o se va él.

Por un lado, el tema de la JNJ bajó de temperatura porque los arrestos para destituir a todos sus miembros chocaron con la imposibilidad de obtener una mayoría de dos tercios de parlamentarios adherentes. Quizá la habría para remover a uno o dos. La atención, entonces, se ha trasladado al TC, que resolverá la exigencia de la JNJ de quedar fuera del control político del Congreso por su condición de organismo autónomo. En su medida cautelar, la Tercera Sala Constitucional no acogió –podría hacerlo al resolver el fondo– esta pretensión. Acogió más bien el argumento referido a la falta de tipicidad de las acusaciones que podría afectar el debido proceso. Sobre esto último, la discusión está abierta. La defensa de los investigados aduce que la ausencia de parámetros para determinar una falta grave vicia todo el procedimiento. Los acusadores sostienen que la valoración está dada por los 87 votos que permiten una destitución.

En el espacio público, sin embargo, sigue en pie la tesis de que es ilegal toda investigación a los miembros de la JNJ. Y esto no solo es sostenido por analistas. La semana pasada, el presidente del JNE declaró a un diario que los organismos constitucionalmente autónomos no pueden ser controlados por el Legislativo, porque eso llevaría a un Estado totalitario. En el caso de la JNJ, añadió, los congresistas terminarían influyendo en los nombramientos de jueces y fiscales. Cuando, en el 2022, el Congreso intentó investigarlo, Salas Arenas logró que una jueza de la Corte Superior de Arequipa invalidara el proceso porque afectaba su independencia funcional. El TC, en febrero del 2023, anuló esta sentencia. Dijo que sustraer al presidente del JNE del control político era inconstitucional y un acto de impunidad contrario al Estado de derecho. Más claro, imposible.

En aquella ocasión fue un despropósito el intento de sancionar a Salas Arenas por presuntas irregularidades en las elecciones del 2021. No hubo los votos necesarios en el Congreso. Aunque la acusación de fraude nunca pudo ser probada y hoy es materia de mofa, Salas Arenas se opuso a la revisión de actas impugnadas y apoyó resoluciones que terminaron marginando a organizaciones políticas. Fueron errores cubiertos por el ejercicio de su independencia funcional, por los que sería cuestionable procesarlo. Pero no está exento de cometer una infracción constitucional y, con respeto a sus derechos, de ser investigado por el Congreso. Cuando objeta esta posibilidad no solo exhibe poca vocación para rendir cuentas. Refleja la situación límite a la que hemos llegado en la pugna de competencias. Es el caso del presidente de un poder del Estado que combate un fallo vinculante del TC, en el que perdió por unanimidad la posición que defiende.

Otra situación límite fueron las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez en el programa “Octavo mandamiento”, de Canal N, el 9 de noviembre. El resumen es chocante. Dijo que en el Ministerio Público se vive un clima de persecución contra los fiscales que llevan los principales casos. Señaló responsabilidad en el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Antonio Fernández Jerí, aunque en el caso del coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela –que ha apelado una suspensión– implicó la fiscal de la Nación. Fernández Jerí, sostuvo, fue nombrado irregularmente. No está investigando a los magistrados comprometidos con Los Cuellos Blancos. Cometió usurpación de funciones cuando fue al Congreso a realizar gestiones presupuestales ante parlamentarios cuyos partidos se hallaban bajo imputación. Los cambios internos producen un debilitamiento de los procesos. Una demostración sería la absolución de la familia Sánchez Paredes por lavado de activos, luego del reemplazo del fiscal a cargo, Frank Almanza. Una de las razones por las que hacía la denuncia, en nombre del equipo especial que integraba, era la posible celebración de un pacto de impunidad entre las autoridades del Ministerio Público y la clase política. Habría dos asesores operándolo. Pérez añadió que la situación actual ya se había vivido con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que terminó siendo un personaje transitorio. “Somos la verdadera cara de la fiscalía –concluyó–, no quienes temporalmente tienen la titularidad de la institución”.

Hay inexactitudes a la vista, pero dejemos para otro momento el escrutinio. Declaraciones de tamaña gravedad deben ser tomadas en serio y de ningún modo pasadas por alto. No hay otro camino que la JNJ inicie una indagación para hallar supuestos de una confabulación criminal en la que estarían comprometidos la fiscal de la Nación y el jefe de la ANC. Al mismo tiempo, el denunciante, que se debe a una jerarquía, debería responder por sus dichos ante la ANC. ¿Es viable una investigación de esta naturaleza en las actuales circunstancias? Por lo menos es indispensable un detallado esclarecimiento por parte de los aludidos.

Este es el contexto en el que el TC va a emitir sus veredictos. Es previsible que ratificará que los representantes de los organismos autónomos no son intocables, lo que terminaría con esta discusión en sede nacional, cerrando la posibilidad de que, en el peor de los casos, determinados grupos, libres de supervisión, pudieran adueñarse de instituciones esenciales del Estado. Sin embargo, sería nefasto si, al mismo tiempo, el TC no establece límites razonables al control que pueda hacer el Congreso. De lo contrario, este tendría carta libre para convertirse en un traficante de cargos según los pactos políticos. No hay que olvidar que la misma mayoría que eligió al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, podría designar autoridades afines en el Reniec y la ONPE a través de una JNJ –que los nombra– en la que podrían tener influencia. El plan no es fácil de llevar a cabo, pero cuando la insensata moción para destituir sumariamente a los siete miembros de la JNJ fue presentada, dio la impresión de que la segunda parte de un plan de copamiento estaba en marcha.

Aunque la postura del TC es predecible en la reafirmación del poder congresal, será inédita en materia del respeto de los derechos para la situación específica de la JNJ. En cuanto a los cambios que puede hacer la fiscal de la Nación dentro del Ministerio Público, la crisis clama por una definición. Actualmente nadie quiere ser investigado ni removido ni molestado, y allí está la CIDH para amparar a las supuestas víctimas.