El ladrón de gallinas

El 9 de marzo, un auto judicial aprobó el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público contra Pedro Castillo. Ahora hay un doble candado en la puerta de su cárcel, en Barbadillo. La primera medida cautelar fue impuesta en diciembre pasado, para que sea investigado por rebelión, hasta junio del 2024. La reciente lo encierra hasta marzo del 2026, para garantizar tres indagaciones por corrupción, como supuesto líder de una organización criminal. Ambos procesos son independientes entre sí. Castillo recién empieza a transitar por un túnel del que no saldrá sino luego de muchos años. Aunque apelará a la más alta instancia del Poder Judicial, nada hace pensar que los argumentos principales del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, vayan a ser contradichos.

El peso de la resolución no estuvo tanto en las imputaciones, que son gravísimas, sino en la estimación de la capacidad de Castillo para obstruir la justicia una vez en libertad. Tiene una invitación abierta para asilarse en México. Aún funciona una red de protección a los principales imputados. El exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva continúa prófugo. Lo mismo que Fray Vásquez, sobrino predilecto del expresidente. El principal activo de la red es político, y es llamativo el componente internacional, en el que destacan los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, que lo consideran un héroe latinoamericano. Su primer objetivo es lograr que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronuncie por la ilegalidad de las medidas que contra Castillo adoptaron el Congreso y el Poder Judicial por el delito de rebelión.

El auto de Checkley viene a complicar este empeño. Ahora tendrán que atacar las decisiones judiciales originadas en expedientes por corrupción, siempre y cuando los procesos hayan culminado en sede nacional. Aunque la CIDH ya condenó el intento de golpe de Estado de Castillo e incluso otorgó medidas cautelares en favor de la fiscal de la Nación −que denunció agresiones de los investigados−, la posibilidad de que sea influida por gobiernos de izquierda sigue estando latente. Uno de los abogados de Castillo, el exministro de Defensa Walter Ayala, imputado por tráfico de nombramientos, le ha solicitado pronunciarse para que su defendido sea repuesto. El propio expresidente, cuatro días antes de que anunciara el golpe de Estado, pidió medidas cautelares a la CIDH, según reveló el viernes pasado el Centro Liber, una ONG especializada en acceso a la información. Patricia Hoyos, directora de Liber, requirió a la comisión una copia del documento, por ser de interés público. La CIDH respondió que solo entregaba información a las partes. ¿Qué habrá pedido Castillo? En esa coyuntura, el Congreso estaba a punto de votar su vacancia.

De modo que la CIDH va a tener que expresarse en algún sentido sobre la forma en que Castillo fue destituido por golpista. Pero los expedientes de corrupción corren por otro carril. El auto de Checkley está referido a supuestos delitos agrupados en una denuncia constitucional por organización criminal, tráfico de influencias y colusión, cometidos en Petro-Perú, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La fiscalía tiene más casos. Conforme vaya llevándolos al Congreso, que autoriza el desafuero, sobrevendrán nuevos requerimientos de prisión preventiva. En todos ellos habría concierto de una pluralidad de personas. Uno de los cambios que experimentará Castillo a partir de ahora es el endurecimiento de sus condiciones carcelarias. Pasará de un régimen cerrado ordinario a uno especial, que corresponde a un detenido por crimen organizado. Actualmente recibe a cualquiera que no tenga impedimento judicial, tres veces por semana, hasta un máximo de cinco personas por día. En adelante solo tendrá visitas de familiares, no de amigos. Con los años y buena conducta el tratamiento podrá flexibilizarse, como ha ocurrido con Alberto Fujimori.

Un criterio calificado para pronosticar la suerte que le espera a Castillo en sus juicios es el razonamiento del juez Checkley al valorar las imputaciones. Ante todo, respecto de la existencia de una organización criminal. En el requerimiento de prisión preventiva están pormenorizados con testimonios su gestación en la famosa casa de Sarratea, su estructura jerárquica con Castillo a la cabeza, el Gabinete en la sombra, los ministros participantes, sus cuatro brazos: familiar, congresal, obstructor y lobbista. Checkley estudió su actuación solo en los hechos que tuvo a la vista en el expediente. Pero cuando sean judicializados otros casos –'Los Niños’, los sobornos de Sada Goray, abusos de autoridad, compra de ascensos policiales, obstrucción a la justicia−, las acusaciones estarán tapizadas por la descripción de organización criminal ya admitida judicialmente. Lo que no impide que se conozcan nuevas ramificaciones. Por ejemplo, la del grupo que acaba de ser detenido por el intento de interceptación ilícita de comunicaciones.

El juez admitió la hipótesis de que Castillo dirigió el copamiento de Petro-Perú con funcionarios cómplices y que dirigió una adquisición de biodiésel en beneficio de un empresario y de él mismo. Habría cobrado S/30.000 por nombrar al presidente de la empresa estatal y dos millones por la operación de compra. Respecto de ilícitos en el MTC y Vivienda, la presunción validada es que nombró ministros dispuestos a dirigir obras públicas: Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente. En el primer caso, para entregar el puente Tarata a un consorcio en el que tenían intereses sus familiares, y en el segundo, para controlar la asignación de obras en Vivienda. Habría recibido un millón por nombrar ministro a Silva y pactado un ala de 0,5% por la adjudicación del puente Tarata. Al prófugo Silva el juez le impuso 36 meses de prisión preventiva, como Castillo. En cambio, Alvarado, que asistió a la audiencia y ha mostrado buena conducta procesal, será investigado en libertad.

Estos casos con sus imputados y colaboradores eficaces han sido hiperventilados por la prensa. Sin embargo, hay aspectos que requieren confirmación, como los referidos a los sobornos. Hay testimonio directo de que el dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, le entregó S/30.000 al ex secretario de la Presidencia de la República Bruno Pacheco para ser supuestamente entregados a Castillo, pero no sabemos si el dinero llegó a su destino. Tampoco nadie ha confesado −Karelim López no lo hizo− haberle dado S/2 millones a Castillo por la operación de Petro-Perú. Otro dicho en el aire es que el expresidente recibió S/1 millón por nombrar al ministro Juan Silva. Todo lo cual tendrá que ser corroborado en los 36 meses siguientes. Checkley no hizo escrutinio de los detalles probatorios, sino de los fundamentos para investigar a Castillo, centrándose en la pertinencia de encarcelarlo durante el proceso.

De lo que hay evidencia incontrovertible es de que Castillo estuvo en el centro de distintos procesos de corrupción desde que ganó las elecciones, dejando hacer en algunos y metiéndose de lleno en otros. Hay investigaciones incipientes, como la actuación de las empresas chinas y los negociados de Fermín Silva. En casos de corrupción, la ley acumula sanciones, así que la prognosis de Castillo como recluso supera los 20 años. Parece demasiado para un ladrón de gallinas, como lo califica Antauro Humala (y un sector del progresismo), pero razonable si se considera la destrucción estatal que produjo su gobierno. En algún momento, el Congreso lo inhabilitará, para lo cual necesita dos tercios de los votos menos los de la Comisión Permanente. En teoría, la izquierda más sus aliados podrían impedirlo, pero a ellos no les interesa dejar abierta la posibilidad de que Castillo, desde la prisión, pudiera competirles dirigiéndose como candidato presidencial al Perú profundo. Es posible que, llegado el momento, ya no le quede algún activo electoral aprovechable.