Danza con fuga

La presentación de la acusación al presidente de la República, Pedro Castillo, por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha abierto espacio a una única pregunta, que difícilmente puede responderse con un monosílabo. ¿Se está presenciando el final? No, en lo inmediato.

La permanencia de Castillo en el cargo deberá ser decidida en el ámbito parlamentario, donde el Ejecutivo mantiene cierta ventaja. Las derrotas episódicas que ha sufrido el régimen (dos censuras ministeriales) y las victorias pírricas que la oposición en el Congreso presenta como fundamentales (dos impedimentos de salida del país para el mandatario) podrían hacer creer que la oposición tiene acogotado el mandatario. Pero, en el caso más extremo para el Gobierno, este permanece arrinconado, aunque no deja de ser letal: incapaz de implementar su agenda máxima, deja numerosas bombas de tiempo.

En cambio, en temas que determinan aspectos fundamentales del ejercicio del poder, los votos no llegan a consolidar un bolsón opositor sólido. Solo las elecciones de las mesas directivas (Alva, Camones y, más recientemente, Williams) y los límites a la voracidad tributaria (diciembre del 2021) y constitucional (mayo del 2022) del régimen pueden ser consideradas victorias que valga la pena reseñar.

Otro ámbito en el que podría creerse que Castillo tiene desventaja es en la opinión pública, dada su limitada aprobación, estacionada en torno al 20% (23% en setiembre, según El Comercio-Ipsos). Pero hace falta solo escarbar un poco para notar que el promedio esconde las distancias que suelen separar a Lima de las regiones.

Además, el tema parece interesar solo a los que siguen la política cotidianamente. Es que no se ha percibido ningún movimiento significativo de respaldo o rechazo a la acción fiscal en las horas que han transcurrido desde la presentación de la acusación. Tampoco se han manifestado las organizaciones de la sociedad civil, muy activas en otras coyunturas.

En este contexto, el Ejecutivo podría echar mano de los recursos de los que aún dispone. En ello, no debe perderse de vista el monopolio de la represión que todo Estado mantiene. En concreto, la voluntad presidencial por someter la institucionalidad militar a su voluntad de sobrevivencia. Algo de ello se ha visto en el frente policial, donde el alto número de ministros (siete en 15 meses) puede graficar las dificultades que ha enfrentado el régimen para someter a los altos mandos policiales.

Las nuevas autoridades subnacionales también representan para el Ejecutivo una nueva posibilidad de cortejo. El lunes 10, solo un día antes de la presentación de la acusación de la fiscal Benavides, el presidente Castillo dedicaba horas de su recargada agenda a recibir a los virtuales gobernadores regionales y a los virtuales alcaldes distritales de Lima Metropolitana. Si bien el evento puede ser un acto protocolar de rutina, en la actual coyuntura bien puede significar la búsqueda de un espaldarazo.

Así pues, y contra lo que puedan pensar los opositores más recalcitrantes, el momento final de Castillo parece no haber llegado aún. Hay todavía mucho más por rebanar y muchas batallas por darse. Castillo y su entorno parecen decididos a plantear pelea y no debe descartarse que salga victorioso.

Lo que viene, en cualquier caso, se ve aún muy borroso. Despojarse de las anteojeras que brindan las posiciones tomadas podría ayudar a aclarar el lente. Pero la incertidumbre persistirá. Fruto del precario equilibrio –político e institucional– sobre el que reposa la democracia peruana, la actual coyuntura está preñada de preguntas sin respuestas simples, una situación que se agrava por su calidad de inédita. Donde se quiere ver un final, en el caso extremo, se verá un fin trunco: una danza con larga fuga.