Por muchos años, los defensores de Petro-Perú y de la gigantesca deuda que tomó para la refinería de Talara mantuvieron un argumento central: el proyecto no le costaría un céntimo al Tesoro Público porque se pagaría por sí solo gracias a la enorme rentabilidad que sacaría del margen de refinación.
Hoy, esa tesis suena a broma de mal gusto. Pésima gestión, ideología desfasada, interferencia política e intereses ilegítimos explican buena parte de la debacle. Desde el 2022 a la fecha, los préstamos, garantías y aportes de capital a cargo de los contribuyentes en beneficio de la petrolera estatal suman más de US$4.700 millones. Un informe publicado ayer por este Diario recoge algunos de los destinos que esos mismos recursos pudieron tener: 260 colegios de alto rendimiento, 77 hospitales de mediana complejidad o siete veces el presupuesto de los programas sociales Juntos y Pensión 65, solo para darnos una idea de las magnitudes. También se hubiera podido duplicar el presupuesto en seguridad ciudadana o cuadruplicar lo destinado a desarrollo infantil temprano.
Este es un caso que evidencia con nitidez los riesgos de abrir la puerta al Estado empresarial.
Cada sol malgastado en subsidiar a Petro-Perú -una función que no es propiamente del sector público- es un sol que no se pudo usar en cerrar brechas sociales en salud, educación, infraestructura, seguridad, entre otros servicios esenciales. Estas sí son funciones del Estado. Si Petro-Perú hubiera sido una empresa privada, hace mucho tiempo que hubiese entrado a un proceso concursal o de liquidación. Sin embargo, como es una empresa pública y su influencia política parece amplia, sucesivos gobiernos han decidido extenderle nuevos tanques de oxígeno financiero sin pedir mucho o nada a cambio.
Si todo quedara en el forado acumulado hasta hoy, el análisis sería menos grave. Lamentablemente, es muy posible que la sangría continúe. Si bien es una mejora que los nuevos fondos -cerca de US$2.000 millones- sean ahora manejados por Pro Inversión, el reciente reingreso de varios de los gerentes más cuestionados de la petrolera (separados muchos en febrero pasado como parte del proceso de reorganización) es una pésima señal. Petro-Perú ha tenido, además, 13 presidentes en menos de cinco años, de modo que cualquier pretensión de estabilidad en las políticas internas para salir del hoyo es una quimera en las actuales circunstancias.
El Perú no merece una empresa como Petro-Perú. Y tampoco puede darse el lujo de seguirla pagando.
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