Preguntas sobre el fujiallanamiento, por Andrés Calderón

El tema de la semana, mes y año probablemente sea la eventual vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Hay mucho por decir, pero mucho más por reflexionar –algo con lo que no parecen coincidir 93 congresistas para quienes 6 días bastan para decidir si interrumpen los 1.825 días para los cuales fue elegido un presidente–, así que esta semana abordaré otro tema vinculado al Caso Lava Jato.

Se ha desatado una batalla legal/política en torno al allanamiento a los dos locales de Fuerza Popular (FP). El partido naranja ha apelado la resolución del juez Concepción Carhuancho que autorizó el allanamiento y solicitado la devolución de todo lo incautado. Por su parte, el fiscal Domingo Pérez ha elevado un informe al fiscal de la Nación en el que imputa a nueve congresistas (Salgado, Becerril, Aramayo, Torres, Melgar, Albrecht, Letona, Beteta y Bartra) el delito de violencia o intimidación contra los fiscales del allanamiento para impedir sus funciones (artículo 366 del Código Penal).

Respondamos algunas preguntas. ¿Era legal el allanamiento a los locales de FP? Sí. Es una medida de aseguramiento de pruebas útiles para la investigación, permitida por ley y realizada con autorización judicial. Así que ni “antidemocrático” ni “atropello”.

¿Pero era justificado? Aquí el tema no es tan blanco o negro. La apelación de FP presenta buenos argumentos para explicar que no hay contabilidad paralela. Precisa que no es que hayan libros contables paralelos –legalizados ante más de una notaría–, sino que se tratarían de cuadernos correlativos (es decir, se acabaron los folios de uno y pasaron al siguiente) de una sola contabilidad. Las partes menos sólidas del recurso de FP tienen que ver con la falta de solvencia económica de algunos aportantes (posibles aportes “fantasma”) y el pago de publicidad de algunos candidatos. Respecto de estas observaciones, FP no hace una defensa de fondo, sino que, en buena cuenta, distingue entre su responsabilidad como partido y la individual de algunos candidatos y aportantes. Las dudas subsisten.

¿Usaron violencia o intimidación los congresistas de Fuerza Popular para impedir el allanamiento? No lo creo. Cierto es que los videos de las intervenciones mostraron a algunos parlamentarios en actitudes prepotentes, encarando a los fiscales y grabando sus movimientos. “Yo sí creo que reaccioné de mala manera”, reconoció Luz Salgado unos días después. Pero, incluso si fuera una conducta inapropiada, eso no la convierte en delictiva. He estado en varias diligencias similares (visitas inspectivas sorpresa del Indecopi), antes como autoridad y luego como abogado de parte, y estas suelen acarrear malestar y confrontación. El allanado siempre está sorprendido, cuestiona el alcance de la diligencia y, sea por proteger su privacidad o por temor, se opone a que se lleven mucha información. Es algo casi natural, sobre todo para quienes no conocen o han vivido este tipo de operativos. Ahí el temple y habilidades de convencimiento de la autoridad son vitales para sacar adelante el allanamiento con la colaboración de los investigados.

Y el famoso “no se está metiendo usted con cualquiera” de Salgado tiene algo de razón. Allanar un local partidario (de cualquier partido), aunque legal, es sensible. En otras circunstancias, en las que no hubiera independencia de los órganos de justicia (piense en el chavismo venezolano o en el fujimorismo de los años 90), podría ser un mecanismo de amedrentamiento político.

Calma. El Caso Lava Jato es muy complejo, y quienes queremos que se descubra toda la verdad, debemos estar interesados en que las investigaciones del Ministerio Público continúen libres de las presiones políticas pero también del dramatismo excesivo.