La aprobación en la Comisión de Economía del Congreso de un proyecto de ley que busca ampliar por tres años más la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV) para los restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos debería servirle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como un recordatorio sobre los riesgos de jugar con fuego fiscal.
El grupo de trabajo dio luz verde a la medida haciendo oídos sordos a las advertencias hechas por el MEF el miércoles a través de un comunicado en el que argumenta que haber reducido el IGV del 18% al 10% ha tenido un alto costo fiscal –S/743 millones de menor recaudación en el 2023–, que ha beneficiado mayoritariamente a empresas que no lo necesitan y que no ha generado reducciones de precios a los consumidores.
El MEF dejó claro, además, que el presupuesto del próximo año se ha definido asumiendo que este beneficio tributario vencería este 31 de diciembre, como definía la ley que lo creó en el 2021, por lo que ampliarlo “tendrá implicancias sobre el cumplimiento de las reglas fiscales”.
Sin embargo, como está demostrando la realidad, es difícil que alguien tome en serio una advertencia del MEF sobre el riesgo de no cumplir las metas fiscales cuando al propio ministro de Economía y Finanzas, José Arista, parece no hacerle ni cosquillas que este año vayamos a cerrar en alrededor de un punto porcentual por encima del tope del déficit fiscal de 2,8% que el propio MEF fijó hace unos meses y que se vea difícil cumplir la meta de 2,2% del 2025.
Si el propio MEF relativiza la importancia de la sostenibilidad fiscal, no debería sorprenderle que el Congreso siga aprobando beneficios tributarios para ganarse algunos céntimos de simpatía sacrificando centenares de millones de soles en recaudación.
El argumento de la comisión para aprobar la ampliación de esta reducción hasta el 31 de diciembre del 2027 es que fortalecerá a las microempresas y pequeñas empresas, y que consolidará la reactivación económica del sector turismo que todavía no se recupera a los niveles prepandemia.
Pero ¿hasta cuándo puede ser válido que sigamos usando la pandemia como la llave mágica que justifica abrir todas las puertas a medidas populistas?
Lo mínimo que habría que exigirle al Congreso para ampliar beneficios tributarios es un estudio técnico que demuestre que sus beneficios justifican los costos para el fisco. Pero también habría que pedirle al MEF que sea más coherente y que, si de verdad quiere defender la sostenibilidad fiscal, también lo haga al interior del Ejecutivo, pues quien a hierro mata, a hierro muere.
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